Hoy terminaba el plazo para que los abogados de Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que liberaron a Ruiz de Santamara, presentasen sus alegaciones contra la petición de la fiscalía para que se les procese por prevaricación.

En un escrito presentado al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar el pasado 22 de febrero, el fiscal considera que existen indicios para procesar a Cezón, López Ortega y Ollero por un presunto delito de prevaricación dolosa, es decir, por haber dictado una resolución injusta a sabiendas de que lo era.

La Fiscalía considera que si no se les procesa por dicho delito, se les dee acusar de un delito de prevaricación de carácter culposo, es decir, por haber dictado una resolución injusta sin saber que lo era.

La prevaricación dolosa está castigada con entre 10 y 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que la culposa está penada con entre dos y seis años de inhabilitación.

Julián Sánchez Melgar instruye la querella presentada por el Ministerio Fiscal contra Cezón, López Ortega y Ollero por un delito de prevaricación, presuntamente cometidoal poner en libertad bajo fianza a Carlos "el Negro".

Carlos Ruiz de Santamaría, que salió en libertad tras pagar una fianza de cinco millones de pesetas, es uno de los 37 acusados por la "Operación Temple" y cuyo juicio comenzó 20 días después de su fuga.

La puesta en libertad de Ruiz de Santamaría, actualmente en paradero desconocido, se produjo en contra de la opinión de la Fiscalía Antidroga, quien había solicitado para el supuesto narcotraficante un total de 60 años de cárcel y 69.000 millons de pesetas de multa.