En su escrito, la institución dirigida por Jesús Cardenal sostiene que la admisión a trámite de la querella presentada por el Ministerio Público contra los tres magistrados hace necesaria su suspensión.

El Tribunal Supremo investiga la querella presentada por el Ministerio Fiscal contra Ollero, López Ortega y Cezón por un delito de prevaricación presuntamente cometido al dejar en libertad, bajo fianza de cinco millones depesetas, a uno de los 37 supuestos narcotraficantes que iban a ser juzgado por la "Operación Temple", Carlos Ruiz de Santamaría, alias "El Negro", quien aprovechó su nueva situación para desaparecer.

En el escrito que estudia hoy la Comisión Permanente del CGPJ, la Fiscalía General del Estado argumenta que "la no suspensión de los magistrados querellados daría lugar a la sucesiva recusación", como prevé el artículo 54.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dicho artículo prevé como motivo de recsación contra un magistrado el "estar o haber sido denunciado o acusado como autor, cómplice o encubridor de un delito o como autor de una falta".

El caso abierto contra los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se está investigando por dos vías: la penal (en el Tribunal Supremo) y la disciplinaria (en el Consejo General del Poder Judicial).

El encargado de instruir el expediente disciplinario es el presidente de la Sala de lo Civil del tribunal Supemo, Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, quien hoy tomará declaración al abogado de Carlos Ruiz de Santamaría, Gustavo López-Muñoz, y al médico forense de la Audiencia Nacional, José María Alvarez Leboreiro, a quien se le consultó el informe psiquiátrico de "El Negro".

La Comisión Disciplinaria del CGPJ decidió el pasado 17 de enero abrir un expediente disciplinario a Cezón, López Ortega y Ollero por una falta muy grave prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), consistene en la desatención de sus funciones jurisdiccionales.