NARCO. EL ABOGADO DEL "NARCO" FUGADO Y UN FORENSE DE LA AUDIENCIA DECLARAN ANTE EL INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

MADRID
SERVIMEDIA

El presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, tomó hoy declaración Gustavo López-Muñoz, abogado del presunto narcotraficane Carlos Ruiz de Santamaría, y al médico forense de la Audiencia Nacional José María Alvarez Leboreiro, a quien se le consultó el informe favorable a la excarcelación del supuesto "capo" de la droga.

Ambos llegaron al tribunal sobre las cinco y media de la tarde y abandonaron las dependencias judiciales media hora más tarde, sin que haya trascendido nada acerca de su comparecencia ante Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, el magistrado instructor del expediente disciplinario que el Consejo General del Podr Judicial (CGPJ) abrió a los tres miembros de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero.

Sierra Gil de la Cuesta tomará mañana declaración a los tres magistrados, una comparecencia que, según fuentes judiciales, es "fundamental" para el desenlace del expediente disciplinario.

La Comisión Disciplinaria del CGPJ decidió el pasado 17 de enero abrir un expediente disciplinario a Cezón, López Ortega y Ollero por una falta my grave prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), consistente en la desatención de sus funciones jurisdiccionales.

Tras haber realizado las diligencias oportunas, Ignacio Sierra Gil podrá proponer al Pleno del CGPJ dos cosas: el archivo del expediente disciplinario abierto a Cezón, Ollero y López Ortega, o la sanción que considere más oportuna.

El caso abierto contra los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se estáinvestigando por dos vías, la disciplinaria (en el Consejo General del Poder Judicial) y la penal (en el Tribunal Supremo).

En el Tribunal Supremo se investiga la querella presentada por el Ministerio Público contra Cezón, López Ortega y Ollero por un delito de prevaricación presuntamente cometido al dejar en libertad, bajo fianza de cinco millones de pesetas, a uno de los 37 supuestos narcotraficantes que iba a ser juzgado por la "Operación Temple", Carlos Ruiz de Santamaría, alias "el Negro", quien provechó su nueva situación para desaparecer.

(SERVIMEDIA)
30 Ene 2002
VBR