Esta iniciativa tiene su origen en la resolución de la Comisión de Derechos Humanos por la que se pide al representante especial que precise la función que incumbe a los Estados en la regulación y arbitraje efectivos del papel de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos, en particular mediante la cooperación internacional.

Así, se pregunta a los gobiernos por los programas, proyecto o medidas diseñadas para regular y arbitrar el papel de éstas empresas con respecto a los derechos humanos, bien relativos a las inversiones en su propio territorio o a las inversiones de empresas nacionales en otros países.

Se pregunta también, si disponen los gobiernos de procedimientos que aseguren la coordinación entre las unidades responsables de los derechos humanos y de la promoción del comercio y las inversiones, ya sea para la inversión y comercio en su propio territorio o para la inversión y comercio de empresas nacionales en otros países.

El alto funcionario de Naciones Unidas también se interesa por las cláusulas específicas sobre derechos humanos incluidas en alguno de los acuerdos bilaterales relativos, o que pueden afectar, a las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

Por último, y entre otras cuestiones, se interesa por si existen incentivos específicos en alguna política o proyecto para promover que las empresas respeten y promuevan los derechos humanos en, y a través de, sus actividades, sea en el país o en el extranjero.