El guardia civil José Luis Espino fue condenado a 3 años de prisión mientras que a José Martínez, Juan Reina y José Antonio Cañado les han sido impuesta una pena de 20 meses de crcel. Todos estos miembros de la Benemérita, destinados en la provincia de Huelva, fueron promotores de la Unión Democrática de la Guardia Civil.

Esta asociación fue clandestina en el momento en le que ocurrieron los hechos, en 1989, aunque ahora goza de legalidad a la espera tan sólo de su registro en el Ministerio del Interior. Los abogados de la defensa, que pidieron la libre absolución durante la vista celebrada en Sevilla el pasado 2 de febrero, anunciaron que recurrirán la sentencia ante el Tribnal Supremo.

El Fiscal togado militar solicitó durante el desarrollo del juicio penas entre 2 y 4 años de cárcel para los cuatro guardias civiles. La representante de la Asociación de Cónyuges de la Guardia Civil, Josefa García, criticó la sentencia por "apoyarse en pruebas ilegales como las escuchas telefónicas y basarse en hechos irreales".

Josefa García, que es esposa de uno de los guardias civiles procesados, manifestó que "lo que van a cometer contra estos hombres con esta sentencia es una arocidad". La representante de la Asociación de mujeres de la Benemérita afirmó que "esto es un tremendo atropello totalmente ilegal e inconstitucional".