El dato fue revelado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Senado al ser preguntada por la parlamentaria de Bildu Idurre Bideguren acerca de las medidas que el Ministerio de Seguridad Social va a adoptar para reconocer como enfermedades profesionales los daños provocados por la exposición a riesgos psicosociales en el ámbito laboral.

En su respuesta, la ministra destacó el compromiso del Gobierno para actualizar el catálogo de enfermedades profesionales, con “especial atención” a la prevención de riesgos psicosociales. “Será en el marco del diálogo social, como herramienta fundamental en el ámbito laboral, donde se va a tratar esta materia, para entre todos encontrar la mejor solución”, remarcó.

En este sentido, especificó que se refiere a “entre todos” porque es un asunto que implica al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Sanidad y también a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras entidades. En este marco, subrayó que en 2023 se constituyó un grupo de trabajo para avanzar en el estudio de este problema y en su prevención.

Asimismo, reconoció que se trata de “una realidad compleja”, como atestigua que “no hay un marco armonizado a nivel europeo sobre enfermedades profesionales, lo que dificulta disponer, por ejemplo, de datos comparables entre países”.

“Eurostat está haciendo un ejercicio piloto de transmisión de información por parte de los Estados miembros en el que España participa, por supuesto, proporcionando información sobre todas las enfermedades registradas, no sólo sobre las incluidas en la reducida lista que ha propuesto Eurostat”, prosiguió Saiz, quien explicó que ese listado no incluye las enfermedades profesionales.

No obstante, precisó que la Comisión Europea ha puesto de relieve la importancia de ofrecer datos sobre enfermedades mentales derivadas del trabajo, información que España ya está enviando.

“En definitiva, estamos tomando medidas para evaluar los riesgos psicosociales a nivel de grupo de trabajo y también compartiendo con el resto de Estados miembros de la Unión Europea los datos que disponemos para avanzar en un enfoque global de la salud mental de las personas trabajadoras”, zanjó la ministra.

Por su parte, la senadora de Bildu incidió en la “preocupación” existente sobre los crecientes problemas de salud mental y alertó de que la primera causa de muerte no natural se derive de estas cuestiones, en alusión implícita al suicidio.

Pese a ello, lamentó que no existan datos sobre el “deterioro” de la salud mental de los trabajadores, lo que hace que “lo que no se mide no se ve” y, por tanto, “no se puede prevenir”. Igualmente, indicó que se está “trasladando” lo que sería un coste de la Seguridad social a los servicios de salud de las comunidades autónomas por no identificar “bien” las enfermedades profesionales consecuencia de riesgos como la exposición al estrés crónico.