El acuerdo fue firmado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en presencia del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, y del presidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), Héctor Blasco.

Granado resaltó que la Administración suscribe el acuerdo alcanzado entre las mutuas "al cien por cien", y lo "va a apoyar decididamente creando un marco regulatorio".

Se trata de un acuerdo "importante" porque es el primero de esta índole en 100 años; se ha logrado por "unanimidad"; se avanza en la autorregulación, y se logra "mayor transparencia" y una "colaboración más profunda" entre las mutuas y la administración.

El presidente de AMAT agregó, por su parte, que el acuerdo permite "modernizar las reglas del juego" y reforzar el papel de las mutuas al servicio de los trabajadores.

En virtud del acuerdo, el Gobierno establecerá un marco legal, junto a las mutuas, en el que se articule un conjunto de mecanismos e instrumentos transparentes que garanticen un marco general de buenas prácticas.

El acuerdo, impulsado por AMAT, ha sido suscrito por todas las mutuas existentes: Asepeyo, Balear, Ceuta-Smat, Egara, Fimac, Fraternidad, Fremap, Gallega, Ibermutuamur, Intercomarcal, Mac, Matt, Maz, MC Mutual, Montañesa, Mupa, Mutualia, Muvale, Navarra, Previsora, Reddis, Sat, Solimat, Umi, Unimat y Universal.

Para asegurar el cumplimiento de los principios del código de buenas prácticas, las mutuas firmantes se comprometen a poner en funcionamiento, con carácter inmediato, un órgano interno de resolución de conflictos, integrado por los directores gerentes de las entidades que han suscrito el acuerdo.

El nivel de cumplimiento del acuerdo se revisará periódicamente y se adoptarán medidas para reforzarlo, proponiendo a la Seguridad Social la actualización del marco regulador cuando sea necesario.

El código enumerará criterios orientativos que permitan discernir la idoneidad o no de las prácticas seguidas en la captación de nuevos afiliados o en la fidelización de mutualistas.

El texto no se limitará a determinar las prácticas adecuadas, sino que, además de las actuaciones que vulneren la legalidad vigente, señalará las prácticas que deben quedar totalmente excluidas, como cualquier actuación que pueda menoscabar el patrimonio de la Seguridad Social, otorgue beneficios que superen el ámbito de las prestaciones reglamentarias, vulnere la separación entre los servicios que otorgan las mutuas y los que prestan las sociedades de prevención o financie actividades ajenas de carácter divulgativo o docente.