El real decreto prevé que, en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor, deberá convocarse y constituirse, con representación de todos los mutualistas, una Asamblea General de Mutualistas que decidirá sobre el futuro de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada, bien para transformarse en una entidad privada de previsión social, bien para su disolución y liquidación.

La normativa incluye normas específicas aplicables durante el periodo transitorio de adaptación, enlo que se refiere a la incorporación de nuevos mutualistas y régimen de cuotas y prestaciones.

En el caso de acordarse la disolución y liquidación de la mutua, se prevé una imputación de capital existente entre los mutualistas y los beneficiarios. Asimismo, si se acordase la transformación en una entidad privada de previsión social, los mutualistas activos podrán solicitar la baja en la misma, manteniendo el derecho a la imputación individualizada del patrimonio que les corresponda.