El plan, según el acuerdo adoptado hoy, supone la adopción de una serie de medidas de ahorro en gastos de funcionamiento y equipamiento de servicios administrativos, mientras que los gastos destinados a la prestación de servicios sociales y asistenciales no sufren recortes, para garantizar su nivel de cobertura y calidad.

En concreto, las medidas del Plan de Austeridad afectan a los gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios e inversiones en equipamientos.

En cuanto al bloque de gastos de personal, se han diseñado diversas medidas, como la congelación de la oferta pública de empleo, salvo en aquellas áreas de contenido netamente social, casos de educación o sanidad.

Destaca en materia de gasto corriente las medidas de ahorro energético en las dependencias administrativas, a través del desarrollo de Planes de Eficiencia Energética e Hidroeficiencia, políticas de ahorro en material fungible, incluido el papel, la limitación de la edición de publicaciones y la automatización e informatización de las tramitaciones de la Administración, mediante el impulso de la Administración electrónica.

En lo referente a las inversiones en equipamientos administrativos, se alarga el período de renovación de mobiliario y equipos informáticos.