En declaraciones a Servimedia, un portavoz de AMAC manifestó su disconformidad con que la vida útil de este reactor se prolongue hasta 2013 "cuando el Consejo de Seguridad Nuclear dijo que puede seguir operando con seguridad hasta 2019".

Por ello, esta organización no descarta "estudiar si se puede recurrir legalmente, por daños y perjuicios" la decisión adoptada por el Gobierno.

En cuanto al plan de recolocación de trabajadores, la citada fuente de AMAC subrayó que "las inversiones se deben realizar en el municipio en el que se ubica la planta nuclear, no en Miranda de Ebro, que está casi a 40 kilómetros".

"Los residuos van a quedarse en el Valle de Tobalina (ayuntamiento al que pertenece Santa María de Garoña) y son los habitantes del Valle los que van a dejar de beneficiarse de los beneficios fiscales que tenían", tras el cese de la actividad de la central. Por eso, para AMAC, "si se quiere revitalizar la zona, las inversiones deben ir al ayuntamiento en que está Garoña".