La organización de consumidores, no obstante, afirma que la directiva deberá ser aplicada a partir de hoy y podrá ser invocada ante lostribunales por cualquier particular afectado.

A su juicio, son los jueces los que tienen que garantizar que las autoridades nacionales respeten las disposiciones de Derecho comunitario cuando éstas son "suficientemente claras, precisas, completas e incondicionales" y, en su caso, condenar al Estado a reparar los perjuicios causados a los particulares por la violación del mandato de la directiva.

La UCE recuerda que los aspectos más significativos de la directiva son los referidos a la informaciónsobre los elementos esenciales del contrato y las condiciones en que se debe facilitar la información. También otorga al comparador un plazo de diez días para que pueda resolver el contrato sin necesidad de alegar motivos y sin coste alguno para él.