Este régimen sancionador forma parte del proyecto de Ley de Accesibilidad y Eliminación de Barreras, que será aprobado este año en las Cortes regionales y que fue presentado hoy en rueda de prensa por el consejero de Bienestar Social, Fidel Martínez.

Las infracciones muy graves, castigadas con sanciones de entre 10 y 50 millones de pesetas, incluyen no respetar la reserva de pisos adaptados para personas con minusvalías, que deberán ser al menos un 3 por cien en los edificios realizadospor promotores de viviendas de protección oficial.

La misma multa se aplicará por incumplimientos que supongan la existencia de obstáculos arquitectónicos que representen un "grave peligro o afecten gravemente a la seguridad de las personas".

El Gobierno regional ha fijado un plazo de 15 años para eliminar los obstáculos urbanisticos, arquitectónicos, de transporte, así como del mobiliario urbano: semáforos, postes de iluminación, cabinas de teléfonos, y bancos, entre otros.

La norma, que beeficiará a 300.000 personas, establece que los ayuntamientos tendrán un plazo de un año para elaborar un catálogo con las barreras a eliminar en cada localidad.

Fidel Martínez, que presentó el proyecto de ley a los medios de comunicación, explicó que el Gobierno regional apoyará económicamente a los Ayuntamientos en la eliminación de las barreras.

Respecto al transporte, el proyecto establece que la adquisición de nuevo material deberá ser accesible para los minusválidos tanto en el ámbito urbanocomo interurbano y señala que que en todas las localidades con población superior a los 15.000 habitantes debe haber un taxi o servicio público adaptado a las personas con movilidad reducida.

A juicio del consejero de Bienestar Social, esta ley "hará justicia contributiva con aquellas personas con minusvalías que también pagan sus impuestos y que no pueden disfrutar de los servicios públicos".