El proyecto de ley permitirá el reconocimiento mutuo automático de las sanciones pecuniarias, con caracter firme, impuestas por infracciones penales en los distintos países de la UE.

Mediante esta norma se incorpora al Derecho español una Decisión Marco del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, orientado a crear un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia en territorio comunitario.

Este proyecto de ley está en la línea de otras dos decisiones comunitarias "importantes", como la "orden de detención europea" (conocida como OEDE) y la ejecución de las "resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas".

Por sanción pecuniaria se entiende la cantidad de dinero que haya sido impuesta en concepto de costas judiciales o gastos administrativos originados en el procedimiento, las compensaciones en beneficio de las víctimas que no pueden ser parte civil en el procedimiento penal y las cantidades que se destinen a un fondo público u organización de apoyo a las víctimas.

SANCIONES DE TRÁFICO

Por otra parte, esta norma europea también permite su aplicación en algunos supuestos dentro del ámbito administrativo, entre los que destacan las infracciones a las normas de tráfico, incluidas las que se refieren a la conduccióny el transporte de mercancías peligrosas.

Sin embargo, esta "sanción administrativa" tiene una característica que "hace imposible su aplicación en España". Pues, en la norma europea está contemplado que la multa impuesta por una autoridad distinta a los jueces o tribunales (en este caso serían los agentes de tráfico) pueda ser recurrida por lo penal.

Esta situación, que sí se da en un buen número de países europeos, no se produce en España, donde este tipo de sanciones sólo son recurribles ante la jurisdicción contencioso- administrativa.