Es necesario que la sanidad pública garantice las interrupciones voluntarias del embarazo de una manera "libre y gratuita" para que las mujeres "dejemos de ser menores de edad y se reconozcan nuestros derechos a decidir libremente sobre nuestra sexualidad", declaró Besteiro a los periodistas antes de comparecer en la subcomisión del Congreso que estudia la reforma de la ley del aborto.

En su opinión, la legislación actual del aborto trata a las mujeres como "menores de edad" al no dejarlas interrumpir su embarazo libremente y no les garantiza, además, seguridad jurídica, como tampoco se la garantiza a los profesionales sanitarios que las atienden cuando abortan.

Por este motivo, la federación de Mujeres Progresistas considera que es necesario regular "de una vez por todas el derecho de las mujeres a decidir" en una norma que recoja además la obligatoriedad de que las comunidades ofrezcan servicios ginecológicos públicos donde abortar y políticas preventivas que disminuyan el número de interrupciones de los embarazos.

A modo de ejemplo, Besteiro dijo que la Comunidad de Madrid paga 60 millones de euros al mes a clínicas privadas para que practiquen abortos, un dinero que, en su opinión, debería destinarse también a políticas de educación sexual y reproductiva.