Según ellas, sus esposos tienen que aguantar además las intimidaciones de los mandos y sus "secuaces", lo que origina temor y angustia por la situación de inseguridad en que viven. Asimismo, les hicieron responsables de cualquier atentado terrorista que puedan sufrir.

Las esposas de los funcionarios señalaron que el ministro del Interior, José Luis Corcuera, realiza una política de "despotismo, improvisación y ambigüead", por no haberles comunicado hace tiempo el cierre de la comisaría.

"Su última bravuconada, envuelta en trueques políticos", dijeron, "ha sido dejar a 48 familias de policías en total desamparo e indefensión, después de haber estado destinados largo tiempo en el País Vasco".

También afirmaron que debido a lo precipitado del cierre de la instalación policial, a sus maridos aún no les ha sido comunicado su nuevo destino y sus hijos están ya escoralizados en esta localidad vizcaína.

Para lasmujeres, que achacaron a Corcuera "falta de madurez psíquica", cerrar la comisaría no sólo es perjudicial para ellos, sino que también deja a una población de 90.000 personas sin servicio público para tramitar los DNI y los pasaportes.

"A él no le importan ni los ciudadanos ni los policías; lo único que quiere es sacar adelante su famosa Ley de Seguridad Ciudadana", concluyeron.

Esta comisaría es una de las afectadas por el plan de despliegue en Euskadi de la Policía Autónoma Vasca y el replieguede las fuerzas de seguridad del Estado.