En declaraciones a los periodistas en el marco de unas jornadas sobre "Ayuda Humanitaria y Exclusión Social", Múgica señaló que lo ocurrido se ha debido a "una falta de normativa sificiente" que ha hecho que sociedades como las implicadas "hayan entrado por un campo creyendo que todo el campo es orégano".

Como institución, señaló que la Oficina del Defensor del Pueblo reclamará que el Gobierno resuelva esta ausencia de normativa. "Que haga una normativa que impida que esto vuelva a ocurrir", aseveró.

Sobre cómo debe responder el Estado ante los afectados, Múgica reconoció que "es difícil que el Estado atienda esto, porque se trata de situaciones privadas". Sin embargo, sí opinó que el Estado "debe apoyar" de alguna manera.

"Hay situaciones dramáticas que deben de ser atendidas de la forma que se considere más conveniente, pero no confundamos las esferas de lo público y de lo privado", apostilló.

Por último, y para evitar posibles estafas, pidió a todos los ciudadanos que antes de invertir en sociedades poco claras o transparentes "que ofrezcan duros a cuatro pesetas", desconfíen, pregunten y se informen.