Les retienen junto a personas adultas y se les confiscan sus pertenencias, según una investigación publicada este viernes por amnistía Internacional España. El trabajo sostiene que las autoridades policiales no identifican de forma adecuada a los niños y niñas que viajan sin compañía de personas adultas responsables, incluso cuando su apariencia física indica claramente que pueden ser menores de edad.

Un total de 12 de las 29 personas entrevistadas por la organización, que estaban en los centros de acogida de emergencia para personas adultas, tenían edades comprendidas entre los 15 y 17 años, agregó. Todos ellos habían permanecido varios días detenidos en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) junto con personas adultas, y a pesar de ser niños y niñas no acompañados, no recibieron ningún tipo de medida de protección adicional, tal como obliga el derecho internacional de los derechos humanos.

Según datos proporcionados por la fiscal de Trata y Extranjería autonómica, Canarias tiene bajo su tutela a alrededor de 4.000 menores, aunque se desconoce el número exacto de migrantes que hay entre ellos. Además, el Gobierno de Canarias tendría 1.980 menores pendientes de la determinación de la edad en Tenerife y 811 en Las Palmas. A pesar de las recomendaciones internacionales realizadas a España, sus autoridades siguen practicando pruebas médicas para la determinación de la edad, aunque los menores aporten documentación acreditativa, según Amnistía.

SIN RECURSOS

En 2023, cerca de 23.537 personas migrantes realizaron la denominada “ruta Canaria”, una de las travesías más peligrosas que existen para llegar a España. 12.000 de ellas lo hicieron entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre. De ellas, un gran número son niños y niñas que viajan solos.

Amnistía criticó que, “a pesar de haber declarado la situación de emergencia, el Ministerio de Interior no ha mejorado los recursos humanos ni materiales para hacer frente a esta circunstancia". En opinión de Virginia Álvarez, responsable de investigación en Amnistía Internacional, "el incremento repentino de llegadas puede presentar retos importantes, pero la realidad es que éstas no son inesperadas o excepcionales”.

“Sin embargo, parece que el Ministerio de Interior se empeña en seguir improvisando respuestas caóticas a estas situaciones”, añadió, aunque admitió que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sí llevó a cabo “algunas mejoras".

SIN ASISTENCIA LETRADA

Ninguna de las personas entrevistadas por Amnistía contó con asistencia letrada. La investigación destaca que durante varias semanas, este derecho no se garantizó en los Centros de Atención Temporal a Extranjeros (CATES) de Santa Cruz de Tenerife y de el Hierro. Apunta también que cuando empezó a ofrecerse esta asistencia, se realizó sin la comunicación adecuada, dada la falta de intérpretes suficientes.

Sin este servicio, que garantiza que las personas migrantes y refugiadas puedan informarse y conocer sus derechos y permita evaluar de forma individual la situación de cada una de ellas, es “más difícil que puedan detectarse sus vulnerabilidades y necesidades específicas”, advirtió. La falta de asistencia letrada y de interpretación de calidad resulta "especialmente relevante" para los casos de personas que, tal y como indicaron algunas con las que habló la organización, podrían enfrentar causas penales porque se les acuse de ser los patrones de la embarcación.

La ausencia de asistencia letrada de calidad también afecta al derecho de solicitar asilo. Este fue, según Amnistía, el caso de cinco hombres malienses entrevistados por la organización, que manifestaron su interés en pedir asilo pero que, según su testimonio, solo les solicitaron su nombre y algún dato más. Durante el tiempo que permanecieron detenidos por la policía, ni tuvieron acceso a asistencia letrada, ni nadie les dio ningún tipo de información individualizada en su idioma.

Ninguna de las personas entrevistadas contó tampoco con información o documentación donde se les notificase la orden de devolución. Amnistía subrayó que “sin asistencia letrada y sin que haya habido notificación de un posible expediente de devolución, dichas órdenes “son nulas y no pueden ser ejecutadas”. “Ahora que se están produciendo devoluciones de personas en vuelos hacia Senegal, la organización estará pendiente de que no se produzcan expulsiones ilegales desde la Península”, advirtió.

INSOLIDARIDAD

Finalmente, Amnistía expresó su preocupación ante la ausencia de “una política estatal y de corresponsabilidad interterritorial para el traslado a otras comunidades autónomas que permita acabar con la saturación del sistema de acogida de Canarias”.

“Además de no ser obligatoria, lo que hace que dependa de la voluntad de cada Comunidad el ofrecerse para acoger a menores, esta situación ha sido aprovechada por algunas autoridades para aumentar los discursos racistas y xenófobos que fomentan la violencia hacia colectivos muy vulnerables”, lamentó. Por todo ello, pidió una mayor coordinación entre admnistraciones, e instó a los líderres políticos a “evitar mensajes racistas”.