Las mismas fuentes agregaron que, en algunos casos, las propuestas presentadas representaban menos de la mitad del precio de valoración del trabajo a realizar.

En otras ocasiones, algunas adjudicacioes resultaron sensiblemente retrasadas porque los técnicos de las administraciones públicas tienen que examinar atentamente las valoraciones de las empresas que concursan para determinar si son viables o si procede descartarlas por incurrir en baja temeraria.

De acuerdo con la legislación de contratos del Estado, una oferta tiene la consideración de baja temeraria cuando el precio que plantea es inferior en un 10 por ciento al promedio de las demás propuestas.

Ese caso ocurrió, por ejemplo, con mtivo de la adjudicación de los trabajos del tramo quinto del canal de Monegros; una obra presupuestada en 4.071 millones de pesetas, a la que se presentaron ofertas incluso por menos de la mitad de esa cifra.

El concurso, que quedó cerrado el pasado mes de noviembre, atrajo el interés de 43 empresas, todas ellas con propuestas inferiores al tipo y, en general, con una reducción de hasta un 34 por ciento. Algunas firmas, como Ferrovial y Auxini, enviaron presupuestos todavía más bajos.

Esa tónica s general en todas las obras que figuran ahora en proceso de licitación.

La Dirección General de Carreteras de la DGA informó a Servimedia que en los 10 proyectos que tiene actualmente pendiente de adjudicar, hay bajas de entre un 25 y un 35 por ciento.

"BAJAS SUICIDAS"

El presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción en Aragón, Manuel Olidén, piensa que esas ofertas son "bajas suicidas" más que bajas temerarias y que están motivadas por el temor de los empresarios a tener qu reducir drásticamente su actividad económica.

Las referidas fuentes consultadas por esta agencia estimaron que, en muchos casos, las obras no puedan ni tan siquiera efectuarse con esos presupuestos.

Hay ya precedentes como la mejora de la carretera entre Zaragoza y Teruel, que quedó interrumpida durante muchos meses al quebrar la empresa adjudicataria, que además dejó fuertes impagados con las firmas subcontratadas.

En los primeros seis meses de 1991, el volumen de contratación pública en l provincia de Huesca disminuyó en un 42 por ciento y en Teruel en un 5,2 por ciento. En cuanto a Zaragoza, la situación fue distinta debido al fuerte volumen de obra contratada por el Ayuntamiento de la ciudad.