El MPDL aclara en una nota de prensa que ese permiso de residencia permitiría a estas personas solicitar la autorización para trabajar en caso de tener un contrato laboral.

Esta ONG, una de las seis que participa en el programa de acogida a inmigrantes subsaharianos, recuerda que "el respeto a los derechos de los inmigrantes debe primar en esta situación de emergencia humanitaria que provoca la llegada de inmigrantes a las costas españolas".

Para lograrlo, las ONG han puesto en marcha un dispositivo de atención a estas personas, subvencionado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que cubre sus necesidades básicas.

Sin embargo, explica el MPDL, el hecho de que los inmigrantes porten una orden de expulsión impide que determinados derechos se hagan efectivos, ya que los inmigrantes quedan en un limbo jurídico que no les permite acceder legalmente a ningún tipo de empleo, por lo que se verán forzados a trabajar en el marco de la economía sumergida, estando una gran mayoría de ellos expuestos a condiciones de explotación laboral.

Finalmente, el MPDL, ante el fenómeno de la inmigración, apuesta por políticas de codesarrollo (gestión de los flujos en los países de origen y de destino), con el fin de que los inmigrantes no sólo reciban información jurídica y laboral sobre la realidad que van a encontrar, sino también para que se conviertan en actores principales en el desarrollo de su país, con el fin de optimizar al máximo su experiencia migratoria.