Es la conclusión que se extrae del estudio realizado por Plena inclusión España entre 27 de sus entidades, en 11 comunidades autónomas. Esta recopilación de datos señala que en el último año los gastos de las entidades de Plena inclusión se han incrementado en un 9% de media.

En un presupuesto medio anual de un millón de euros, esta sobrecarga económica supone asumir 90.000 euros más de gasto, en un contexto general de infrafinanciación de los servicios sociales.

Los datos, recogidos entre marzo de 2021 y el mismo mes de 2022, corresponden a un estudio pormenorizado de las cuentas de las entidades, al que seguirán otros. En el mismo se computan gastos de suministros, alquileres, alimentos y personal, en asociaciones de tamaño grande (más de 200 trabajadores/as), mediano (entre 200 y 50) y pequeño (menos de 50 empleados/as).

El incremento se sitúa en un 72% (electricidad); 40% (transporte); 32% (gas); 8% (alquileres). Estas cifras han llevado a Plena inclusión a crear un Observatorio Permanente de Seguimiento sobre la Sostenibilidad Económica de las entidades que conforman la confederación.

El movimiento asociativo de Plena inclusión, formado por 950 entidades distribuidas por toda la geografía española, sostiene a más de 4.000 centros y servicios: centros de día, pisos tutelados, colegios de educación especial, centros ocupacionales, residencias, centros especiales de empleo, etc.

En su conjunto, con una plantilla de más de 46.000 personas, presta apoyos a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias, garantizando su acceso a derechos fundamentales como los de educación, empleo, vivienda, salud y ocio, entre otros.

SITUACIÓN INSOSTENIBLE

“Las administraciones públicas no pueden permitir que entidades que dan un apoyo fundamental a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad terminen desapareciendo porque no alcanzan a sufragar unos sobrecostes cada vez más altos”, explicó el presidente de Plena inclusión España, Santiago López,en referencia a la ayuda que presta este movimiento asociativo a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en todo el país.

Ante esta situación, Plena inclusión ha hecho llegar su preocupación a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, enviándole una carta en la que se le pide que refuerce la financiación del Plan de Choque del Sistema Nacional de Promoción de la autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con el que se apoya presupuestariamente a las comunidades autónomas para que estas puedan actualizar los precios/plaza de los centros y servicios.

También solicita a las administraciones competentes que aseguren la financiación de los centros especiales de empleo, “la mayor herramienta de inclusión laboral para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo”.

En el estudio de Plena inclusión se alerta sobre los dos elementos que han terminado desequilibrando los presupuestos: el incremento del gasto energético (condicionado por repunte del precio de electricidad, gas y gasolina) y de los costes de personal, “una realidad marcada por el nuevo SMI, la reforma laboral y la revisión salarial. En este último apartado, de acuerdo a la información que contiene el estudio de Plena inclusión, se prevé para 2022 un aumento del 7,5% en la partida que se destina a pagar las nóminas de los profesionales que trabajan en estos 4.000 centros y servicios”.