El montante global de la deuda de todas las administraciones públicas con la Seguridad Social se ha reducido de 267.990 millones de pesetas en diciembre de 1995 hasta los 98.133 millones de pesetas en agosto de este año.

Según este departamento, las comunidades autónomas han sido las primeras en ponerse al día y han regularizado el 100 por cien de su deuda, que ascendía en diciembre de 1995 a 99.612 millones de pesetas.

Esta situación es el resultado del proceso de regularización emprendido porla Tesorería de la Seguridad Social en 1997, que ha establecido convenios de pago con todas las autonomías, estando de esta forma prácticamente regularizadas todas ellas. Tan sólo falta por ultimar en documento la correspondicente a Andalucía, con la que también se ha alcanzado acuerdo de regularización.

Por su parte, los organismos de la Administración central también han reducido su deuda en 72.761 millones de pesetas en diciembre de 1995 a 12.028 millones en agosto en 1999.

Las diputaciones ha logrado reducir su deuda de 13.527 millones de pesetas en 1995 a 3.194 millones de pesetas en la actualidad y los cabildos de 42 a 12 millones en el mismo período.

ADMINISTRACION LOCAL

La Administración local no registra los mismos avances, ya que mantienen los niveles de dueda en torno a los 82.000 millones de pesetas de 1995.

Para reconducir esta situación y reducir la morosidad, la Tesorería General de la Seguridad Social está aplicando el procedimiento de deducción de deudas, reteniendo a ravés de la Dirección General de Coordinación de las Haciendas Locales, la máxima cantidad posible de las transferencias que el Tesoro ha de enviar a las corporaciones.

Sin embargo, en el informe de desarrollo del Pacto de Toledo se reconoce la insuficiencia de esta medida, especialmente en aquellos ayuntamientos donde el impago mensual de cotizaciones es superior a la transferencia que se retiene.

"Ante esta problemática, y dada la rigidez legal de actuar contra bienes y derechos de titularidad ública -dice el informe-, quizá sea conveniente la modificación de la legislación actual, introduciéndose otros parámetros que puedan impedir o al menos dificultar el acceso y la actuación impune de determinados gestores públicosç", como por ejemplo "medidas de índole patrimonial (responsabilidad personal), de índole electoral (inhabiitación temporal o definitiva)".