Moreiras, cuya declaración se prolongó por espacio de tres horas, compareció ante el magistrado Cachón sin estar asistido por abogado, a pesar de que según la Ley Orgánica del Poder Judicial podía haber testificado asistido por letrado.

Esta es una de las primeras diligencias que realiza el magistrado Cachón después de que el pasado 19 de octubre la Comisión Disciplinaria del CGPJ acordase incoar un expediente disciplinari contra el juez Moreiras y le nombrase instructor del mismo.

La Comisión Disciplinaria consideró que Moreiras podría haber cometido una falta disciplinaria "por la revelación de hechos conocidos en el ejercicio de su función jurisdiccional", en una entrevista publicada por el diario "Abc".

En ella, el juez de la Audiencia Nacional explicaba su decisión de poner en libertad al ex presidente de Banesto Mario Conde pocas horas después de haber ordenado su ingreso en prisión en relación al 'caso Argetia Trust'.

En dicha entrevista, el magistrado revelaba que Conde le había convencido de que los 600 millones de pesetas de Banesto de los que el fiscal acusó a Conde de haberse apropiado fueron entregados al intermediario Antonio Navalón para pagar al PSOE con el fin de lograr exenciones fiscales. Además, señaló que en la declaración judicial de Conde sólo figuraba lo que éste había querido que constara.

Esto motivó que el abogado de Navalón interpusiera una denuncia contra Moreiras, que fue estdiada por la Comisión Disciplinaria del CGPJ junto con las explicaciones dadas por el magistrado al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, sobre esos hechos.

La comparecencia de Moreiras ante el instructor de su expediente disciplinario se produce después de que la Fiscalía General del Estado acordase el pasado miércoles que no existían datos suficientes para proceder penalmente contra el magistrado por estos hechos, en contra del criterio del Gobierno, que instó al fiscal general, Carlo Granados, a que procediese contra el juez de la Audiencia Nacional.

La fiscalía, de acuerdo con el criterio mayoritario de la Junta de Fiscales de Sala, entendió que no concurrían en las resoluciones dictadas por Moreiras "los elementos que pudieran dar vida a un delito de prevaricación", ya que no apreció en la conducta del magistrado una resolución que "de forma manifiesta y palmaria se aparte del ordenamiento legal", ni "una actitud maliciosa por parte del juzgador".

También entendió la fiscaía que no existen "datos suficientes para fundar el ejercicio de una acción penal por delito de revelación de secretos", aunque sí apreció que sus manifestaciones podrían revestir los caracteres de una falta disciplinaria por la revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función jurisdiccional, lo que investiga el magistrado Cachón.