Moreriras, que intervino en un curso de Derecho Tributario organizado por el Gabinete de Gestores Administrativos-Asesores Fiscales (GESAF), señaló que prácticamente a todas las personas citadas a su juzgado por el fraude de facturas falsas se les toma declaración, se les recoge la documentación "y les eximo de toda responsabilidad de cualquier proceso penal".

El juez explicó que su inteción es dar un tratamiento restrictvo a la persecución penal para perseguir el fraude tributario, pero advirtió que el trato será radicalmente más duro para los intermediarios que han incitado, aconsejado o colaborado en esas irregularidades.

"Los intermediarios son prácticamente los únicos con los que se va a seguir el proceso hasta el final, al menos por mi parte", ya que, dijo, se trata de meros estafadores contra los que caben medidas peores que las de los demás.

No obstante, advirtió que él no tiene la última palabra, aunque eñaló que si esas personas fueran procesados en otra instancia judicial tras la fase de instrucción que es de su competencia, el trato penal sería más suave aún del que pretendo dar".

También informó que todos los inculpados en el sumario están ya en libertad bajo fianza, entre otros motivos, señaló, porque el periodo máximo de seis meses para prisión preventiva que fija la ley se ha agotado ante la larga duración de la instrucción.

ENATCAR NO COMPRO

Respecto a los pormenores de la investigació, Miguel Moreiras dijo que Enatcar, una de las empresas a las que se reclamó toda la documentación por su supuesta implicacvión no compró facturas falsas.

"Enatcar no ha comprado facturas falsas", dijo el juez,"son algunos empleados de Enatcar y de empresas filiales los que hicieron facturas falsas y las pasaron al cobro a Enatcar o esas filiales".

Moreiras dijo que este extremo está completamente comprobado, por lo que consta así en el sumario, y que la investigación se centra ahora en averiguara donde a ido a parar el dinero obtenido, cuestión sobre la que ya hay averiguaciones pero que no quiso concretar formar parte del secreto del sumario.

El juez del fraude del IVA reiteró sus quejas contra la falta de medios que existe en España, tanto en la judicatura como en Hacienda, para perseguir el fraude fiscal, y señaló que si no fuera por el tiempo que ocupan los demás asuntos pendientes de su juzgado, el sumario de la instrucción de las facturas falsas podría estar terminada en dos meses.

IEFICACIA DE HACIENDA

Recalcó esta idea con el ejemplo de la Seguridad Social, en la que el impago de las cotizaciones no está considerado como fraude fiscal y, sin embargo, dijo, tiene un nivel de irregularidades del 20 por cien, frente al 32 por cien que tiene el Impuesto de la Renta y el 30 ó 35 por cien del Impuesto de Sociedades.

Sin ser fraude tributario, añadió, es un pago de las empresas al Estado, que para las empresas es lo mismo que un impuesto, y sin embargo el nivel de incumplimiento s el más pequeño.

"La razón de ésto", opinó, "es que la Tesorería de la Seguridad Social es muy eficaz. Si los inpectores de Hacienda actuaran con la misma eficacia que los de la Seguridad Social, también se conseguiría un resultado similar".