Así lo han indicado a Servimedia fuentes oficiales, que además han señalado el interés del Gobierno por concentrar en torno a Retevisión más activos de telecomunicaciones con el fin de hacer más atractiva l entrada de capital privado en esta sociedad.

Las mismas fuentes han señalado que Borrell y su responsable de Telecomunicaciones, Elena Salgado, tienen muy claro que no quieren "que Retevisión sea lo que Telefónica dejará de ser a medio plazo, una operadora controlada por el Estado", y quieren aprovechar el tiempo que queda hasta enero de 1998, fecha de la plena liberalización, "para que Retevisión se prepare y cuente con socios privados y capacidad financiera suficiente que le permita plantar cara endeterminadas áreas de negocio a Telefónica".

Para ello, el deseo de Borrell es que a medio plazo no haya en Retevisión ninguna participación significativa de capital público, extremo que ha llevado a los responsables del ente a mantener contactos con varios grupos financieros e industriales españoles, incluido el Banco Central Hispano, para ofrecerles la posibilidad de entrar en su capital.

En cualquier caso, el planteamiento llevado por Retevisión a estas conversaciones es que la entrada de capial privado puede ser significativa, pero en ningún caso supondrá la retirada del sector público, ya que el Gobierno desearía mantenerse en este segundo operador con el fin de garantizar aspectos fundamentales como el servicio universal, además de comprobar que esta iniciativa sirve para lograr el pleno desarrollo de la competencia.

Las fuentes consultadas han señalado también que el MOPTMA no tiene intención de limitar el mercado de las telecomunicaciones a dos grandes operadores de red y de servicios(Telefónica y Retevisión), con presencia pública en ambos, sino asegurarse un mínimo de competencia entre grupos de control español a partir de 1998, al tiempo que se dejan las "puertas abiertas" a cualquier otra inicitiva privada en este terreno.

También indicaron que el MOPTMA recela sobre el compromiso del capital privado para asegurar el servicio universal al que podrá acceder a partir de 1998, y por ello prepara un proyecto de Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, sustituta de la actual, qe regule, antes de fin de año, los mecanismos financieros para que todos los agentes que operen en el mercado contribuyan proporcionalmente a costear las obligaciones del servicio público.