Según han confirmado a Servimedia fuentes del equipo de José Borrell, en tanto se aprueba una norma de rango legal para poder flexibilizar las sanciones previstas en la ley, el Ministerio ha hecho llegar a sus funcionarios un dictámen de la Secretaría General Técnica que aconseja a los funcionarios no castigar a las constructoras cuyos altos cargos procesados hayan dimitido.

Por lo tanto, la flexibilización apuntada pr el Ministerio sólo afecta a la posibilidad de la constructora en cuestión, de contratar con el Estado mientras no existe una sentencia en firme, pero no a la necesidad de que dimitan los altos cargos de la empresa en el momento de cometer los suspuestos actos de corrupción, para evitar las sanciones.

Asimismo, la decisión del MOPTMA evita el carácter retroactivo de la ley, por lo que sólo se considerarán los supuestos actos de corrupción que se hubieran cometido tras su entrada en vigor. Esto evitar que deban dimitir responsables de constructoras que hayan sucedido a los supuestos autores de actos de corrupción.

En cualquier caso, si se aplican sanciones administrativas de veto a la contratación sólo afectarán a contratos ya licitados y no adjudicados, y tras una sentencia condenatoria en firme de un tribunal, la empresa podrá ser excluida de la lista de empresas mediante un procedimiento administrativo que resolverá el Ministerio de Economía y Hacienda.

La interpretación realizada por el euipo Borrell de la Ley de Contratos del Estado es la que ha permitido que en los últimos meses hayan vuelto a la ventanilla de contratación del MOPTMA las constructoras Huarte y Cubiertas, después de que el pasado 10 de julio se procesará a cuatro de sus altos directivos, por el presunto pago de comisiones ilegales para conseguir obras.

La imposibilidad de las dos empresas de contratar con el estado obligaron a dimitir a Mario Caprile y Alfonso Aguilar, presidente y consejero delegado de Huarte, y loshermanos Antonio y Manuel Messa Buxareu, consejero delegado y consejero de Cubiertas y MZOV, a pesar de que los hechos son anteriores a la entrada en vigor de la ley.

Esta situación es la que ha llevado a los abogados de los supuestos implicados en el caso Filesa a solicitar del juez del sumario que se consulte al Tribunal Constitucional sobre la supuesta inconstitucionalidad de la ley de Contratos del Estado, ya que su aplicación niega el derecho a la presunción de inocencia.