Las fuentes consultadas indicaron que los equipos jurídicos del ministerio trabajan ya en el análisis de los borradores empleados por la Comisión para la directiva aprobada el pasado miércoles, con la que se adelanta al próximo mes de julio el uso de las redes de telecomunicaciones alternativas a la de Telefónica, como las de las léctricas, Renfe, Correos y Retevisión, para dar servicios ya liberalizados.

Los responsables de telecomunicaciones del MOPTMA han indicado a Servimedia que con esta directiva la Comisión Europea quiere reforzar su ofensiva por el control de poderes en la Unión, en contra de las competencias que tiene asignadas el Consejo de Ministros Europeo, al tiempo que acusan al Ejecutivo comunitario de "injerencia en la soberanía de los estados miembros".

El recurso que preparan los responsables del MOPTMA pela a los tribunales para que la Comisión no pueda ampararse en las leyes antimonopolio para "eliminar de un plumazo" acuerdos soberanos del Consejo de Ministros de la Unión Europea, como el calendario de la liberalización de las telecomunicaciones, que prevé la apertura de redes y servicios en 1998 y otorga a algunos países una posible ampliación del plazo hasta el año 2003.

Por su parte, el comisario europeo de la Competencia, Karel van Miert, ha señalado que el motivo de la directiva es asegurar l liberalización efectiva del sector en 1998, adelantando el uso de las infraestructuras existentes a julio de este año, utilizando sus poderes antimopolio que le otorga el artículo 90 del Tratado de la Unión, que le permite legislar sin pasar por el Consejo de Ministros comunitario.

"España ya ha renunciado a esa ampliación", explicaron a Servimedia en el MOPTMA, "pero no estamos dispuestos a modificar el calendario de apertura de las telecomunicaciones, fruto del acuerdo del Consejo de Ministros, y aelantarla a este mismo año".

Además, los responsables de la Administración española creen que la Comisión Europea está cometiendo una injerencia en la soberanía de los estados miembros sobre la regulación de los espacios radioeléctricos nacionales, extremo que también podría ser objeto de recurso para España.

En este caso, la directiva consagra la posibilidad de que los actuales operadores de telecomunicaciones móviles y personales dispongan de las futuras licencias de móviles antes de la liberalzación prevista para 1998 ofreciéndoles la posibilidad de aumentar sus servicios, algo, afirman en el MOPTMA, que es competencia exclusiva de cada Estado.