Como consecuencia d las denuncias presentadas hace unas semanas por la organización ecologista Greenpeace y un grupo de pescadores, la dirección general ha decidido abrir expediente administrativo para determinar responsabilidades, ya que los trabajos de vertido no contaban con la pertinente autorización.

Greenpeace formuló la denuncia después de que el buque "Sirius" localizará a dos barcazas vertedoras, la "Draclapp 13" y la "Dracoc Dos", propiedad, según los conservacionistas, de la empresa Dragados y Construcciones,cuando procedían a la descarga de unas doscientas toneladas cada una de fangos de dragados a unas ocho millas al sur del puerto de Cartagena.

La Convención de las Naciones Unidas para la Protección del Mediterráneo contra la Contaminación, a la que pertenece España, exige, antes de iniciar una operación de este tipo, investigar las características del material que se piensa verter, así como la idoneidad de la zona elegida.

Según Xavier Pastor, presidente de Greenpeace España, la paralización de ls vertidos y la apertura del expediente administrativo "parecen indicar que la operación se estaba llevando a cabo de forma ilegal".

El dirigente conservacionista lamentó que "sean las organizaciones no gubernamentales las que tengan que jugar el papel de vigilancia en el mar para que se cumplan las leyes de protección del medio ambiente, cuando los ciudadanos pagan sus impuestos para que esto sea tarea de la Administración".

Los estudios encargados por esta organización ecologista a la universidd británica de Exeter revelaron que los fangos que la empresa Dragados y Construcciones vierte frente al puerto de Barcelona están altamente contaminados con metales pesados y otras sustancias tóxicas.

Greenpeace cree que los sedimientos acumulados en el puerto de Cartagena pueden tener unas características y un grado de toxicidad similares a los de Barcelona.