Montoro aseguró que el Ejecutivo ha utilizado sus servicios jurídicos para garantizar la constitucionalidad de las medidas adoptadas.

A este respecto, el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, indicó que el Gobierno utilizaría los mecanismos parlamentarios para introducir modificacions en la normativa del plan de choque si existen dudas sobre la constitucionalidad de alguna de ellas, como pudiera ser el gravamen único del 3% para la actualización de balances de las empresas.

Montoro y Costa hicieron estas declaraciones con motivo de las jornadas convocadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) sobre el paquete de medidas económicas adoptadas por la Administración a principios de este mes.

El secretario de Estado de Economía reiteró que el Gobierno no subirála presión fiscal en los próximos años y estimó que el plan de choque reconducirá la tasa de reactivación de la economía hacia nuestro crecimiento potencial.

Asimismo, destacó la coherencia de las medidas tomadas con el programa electoral del Partido Popular y adelantó que "seguiremos caminando hacia la desregulación económica".

En este sentido, señaló que en un futuro se equilibrará el tratamiento fiscal de activos financieros, como fondos de inversión y seguros.

En cuanto al plan de privatzaciones, indicó que el objetivo es mejorar la eficiencia de los servicios públicos, mediante la introducción de la competencia.

Respecto a los Presupuestos del Estado de 1997, Montoro expresó su confianza en que éstos serán una vía para promover la recuperación económica y que materializarán la voluntad del Gobierno de contener el gasto público. "Se tratará de un desafío importante, pero viable", aseguró.

Por su parte, Costa anunció que el próximo mes de julio se aprobará un plan de lucha contrael fraude que incidirá, sobre todo, en la investigación de patrimonios ocultos que actualmente no tributan, aunque advirtió que se seguirán comprobando "con rigor" las declaraciones del Impuesto sobre la Renta.

Así, se crearán unidades de investigación y control, que podrían utilizar incluso los servicios de inspección aduanera. Sobre los plazos de prescripción de las declaraciones del IRPF, que actualmente están fijados en cinco años, aseguró que se reducirán para aquellos contribuyentes que tengan u comportamiento fiscal correcto, pero que aumentarán en los casos en que no se cumpla con estas obligaciones.

Costa adelantó también que se reducirán los trámites administrativos para que los contribuyentes puedan llegar a la vía judicial en caso de estar disconformes con Hacienda.

Señaló, además, que en un futuro se abrirá la posibilidad de llegar a acuerdos previos con el fisco sobre el tratamiento tributario que se dé a determinadas situaciones especiales.