De esta forma, el contenido del decreto ley entra en vigor inmediatamente, pero su posterior tramitación como proyecto ordinario de ley permite que los grupos parlamentarios puedan introducir enmiendas al texto.

Montoro subrayó que este decreto ley se propone favorecer la actividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes), fomentar la internacionalización y la innovación tecnológica de las compañías y favorecer las iniciativas económicas de los ciudadanos.

Por su parte, el portavo del PSOE, Jordi Sevilla,afirmó que este decreto puede ser inconstitucionalidad, puesto que refuerza la tendencia de otras decisiones fiscales tomadas por el Gobierno de dar un tratamiento fiscal diferente a las rentas de trabajo y a las de capital.

Sevilla explicó que la nueva normativa, una vez más, reduce la fiscalidad de las rentas procedentes de las plusvalías, con lo que "se castiga al trabajo y se premia al rentista". Añadió, además, que se da "una puntilla más" a la "destrucción del Impueso sobre el Patrimonio".

A su vez, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, reiteró que no hay necesidad de tramitar estas medidas fiscales por el procedimiento de urgencia del decreto ley, puesto que entrarán en vigor el año próximo y podían haber esperado a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2001.

El diputado de IU también hizo hincapié en en que, una vez más, se bajan los impuestos sobre las plusvalías, a la vez que las rentas del trabajo siguen cargando con la mayor parte de la crga tributaria.

Por su parte, el ministro de Hacienda recalcó que estas medidas suponen una nueva rebaja de impuestos, y que oponerse a esto es como pretender que se incremente la presión fiscal sobre los contribuyentes.