El ministro realizó esta consideración durante una interpelación urgente en el Congreso de los Diputados, donde atribuyó a la CMT toda la responsabilidad de la incertidumbre generada entre el colectivo de empleados del organismo, al haber considerado la posibilidad de mantener una subsede en Madrid y al remarcar la "voluntariedad" del traslado.

A este respecto, recordó que los trabajadores de la CMT "no son funcionarios en sentido estricto", por lo que sus derechos laborales "están recogidos solamente en sus contratos y en el Estatuto de los Trabajadores".

TRASLADO O CESE

Por ello, afirmó que, según la normativa vigente, los empleados tendrán dos opciones: trasladarse y cobrar una cantidad económica a modo de incentivo o bien engrosar las filas del paro y cobrar una indemnización por el despido.

No obstante, Montilla anunció que el Gobierno ya ha comunicado a la CMT la decisión de ampliar las cantidades económicas que marca la ley para este tipo de casos, además de permitir el cambio a otro organismo público a aquellos trabajadores que gocen de la categoria de funcionarios en excedencia.

"Han transcurrido dos meses hasta que la CMT ha decidido avanzar en el proceso y este tiempo ha servido para aumentar el desconcierto y la incertidumbre de los empleados. La ausencia de un interlocutor por parte de la CMT no ha permitido al organismo supervisor recibir las propuestas de sus trabajadores", sentenció el ministro.