Es decir, la situación del mercado español de hidrocarburos no sólo es objeto de estudio por parte del Servicio de Defensa de la Competencia desde que en 1995 la CEEES interpuso una denuncia contra las tres petroleras, sino que también está bajo la lupa de Bruselas.

El Tribunal de Defensa de la Competencia multó en el 2000 a Repsol YPF con 3 millones de euros y a Cepsa con 1,2 millones por impedir a sus gasolineras abanderadas fijar libremente los precios. Las resoluciones de Competencia conluyeron que los contratos que vinculan a las compañías con sus estaciones de servicio abanderadas no son de comisionista o de agencia, como defienden las petroleras, sino de compraventa, ya que los empresarios de gasolineras corren con los riesgos del negocio, del que son propietarios y no meros empleados de las compañías.

Los gasolineros arrastran, por otro lado, otra batalla con las petroleras por darles éstas un trato peor que a otros clientes que no tienen contrato de exclusividad, como distribuidres o cooperativas de usuarios. Recientemente, el Tribunal de Defensa de la Competencia ha ordenado al Servicio de Defensa de la Competencia que reabra este caso tras rechazar el Tribunal Supremo en julio de 2003 los recursos de casación de Repsol YPF, Cepsa, BP y la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 1998 que pedía a Competencia que investigara las denuncias de los gasolineros.

La Audiencia Nacional vió en 1998 indicios de abuso de posición dominante y afirmó ue distribuidores y estaciones de servicio no son dos canales distintos, porque ambos se dirigen al consumidor final, y que hay discriminación de precios entre gasolineras abanderadas, "blancas" (o independientes) y suministros directos.

Según fuentes de la CEEES consultadas por Servimedia, Bruselas no está investigando lo ya dilucidado por el Tribunal de Defensa de la Competencia -si los contratos son de comisionista o de revendedor-, sino si con los contratos de suministro en exclusiva u otras figurs jurídicas "hay un cierre de mercado, de forma que otras petroleras, otros operadores, no pueden entrar".

La Comisión Europea ya ha tomado una decisión al respecto, según estas fuentes, y estaba previsto hacerla pública a finales de 2003, pero el departamento de Mario Monti ha aplazado a "febrero o marzo" de 2004 la presentación de los resultados del informe sobre el grado de cumplimiento en el mercado español de carburantes de la normativa europea sobre defensa de la competencia.