Así se pronunció en el transcurso de una entrevista en TVE recogida por Servimedia y en la que, respecto al IVA superreducido, insistió en que “se podrá sacar adelante en esta legislatura” ya que, dijo, “desde luego”, cuenta con el “compromiso” de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “de debatirlo para los Presupuestos Generales del Estado, que empezarán en unos meses a elaborarse”.

Tras advertir de que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres “son un indicador claro de la calidad democrática de un país”, Montero destacó que, “siempre que hay una ley que es central como ésta para garantizar derechos que son fundamentales para la ciudadanía plena de las mujeres, como son los derechos sexuales y reproductivos, hay debate”. ”Lo hemos negociado especialmente con Sanidad y ha sido una negociación dura y difícil, pero muy buena”, abundó, para agregar que ambos ministerios han “trabajado muy duro” para sacarla adelante.

“No solamente es una buenísima ley que responde a las demandas del movimiento feminista, también habla, quizá como ninguna otra ley, de lo que es este gobierno de coalición: estar cerca de las mujeres y garantizar derechos”, sentenció, convencida de que “las cosas que han quedado pendientes” seguirán siendo “motivo de reivindicación” por parte de las feministas y “de trabajo” para el Ministerio de Igualdad y de que se “abordarán en otros proyectos legislativos”.

“Como siempre hacemos en el Gobierno, las cosas que son importantes para las mujeres las vamos a pelear ahora y mañana también”, resolvió, para explicar que, con esta nueva ley del aborto y gracias a la incapacidad temporal especial por menstruación dolorosa, se “elimina ese estigma, esa vergüenza, esa culpa, esa soledad muchas veces en la que las mujeres viven la regla” y se podrá “normalizar que se hable de la menstruación y de la regla como algo que forma parte de nuestro derecho más básico a la salud”.

Dichas bajas serán incapacidades temporales especiales, se podrán solicitar en el médico de cabecera, no tendrán un límite de días y serán asumidas por el Estado desde el primer día, un elemento que la titular de Igualdad juzgó “central para poder evitar una posible estigmatización o una posible discriminación”. “Son, por tanto, incapacidades que asume el Estado y reconocemos la especificidad de esa situación que viven muchas mujeres que hasta ahora vivían levantándose por la mañana, tomándose un enantyum o un ibuprofeno, empastilladas todo el día y sin poder contar en el trabajo que ese día realmente estaban incapacitadas y que no podían trabajar”, lamentó.

De este modo, el Gobierno quiere también lanzar “un mensaje contundente a las mujeres de que este gobierno de coalición hace que el Estado esté cerca de ellas y aporte soluciones, garantice derechos que ayudan a que sus vidas sean mejores y que, si un día no pueden ir a trabajar porque tienen un dolor de regla que es incapacitante, el Estado va a estar ahí para protegerlas y asegurar que pueden cubrir todos sus derechos”.

Las bajas se otorgarán, según Montero, “dependiendo de cada caso y de cómo esa mujer viva ese dolor y de lo incapacitante que sea" y reiteró que "no será necesario para que te concedan esa incapacidad temporal tener días previos de cotización, como ocurre con otras incapacidades”.

MÁS DERECHOS

Junto a ello, añadió que el Gobierno también “reconoce más derechos" en torno al preparto, el embarazo y el postparto y “refuerza” la educación sexual integral, que, a su juicio, “es uno de los pilares” que permite “construir” una sociedad “basada en los buenos tratos, libre de violencias contra las mujeres”. “Donde, además, haya una formación específica no solamente en métodos anticonceptivos y para relaciones afectivas y sexuales saludables, sino donde también podamos hablar, por ejemplo, de las infecciones de transmisión sexual”, agregó, para denunciar que, desde que el PP fue “eliminando progresivamente” la educación sexual en las escuelas, “se han multiplicado hasta por cuatro las infecciones de transmisión sexual, especialmente la más joven”.

A su juicio, esta ley “demuestra lo que es España y habla particularmente bien del movimiento feminista en España y responde a muchas de las demandas que el movimiento feminista lleva años realizando”. “Tanto para que pueda ser efectivo y para todas las mujeres el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, como para ampliar de manera muy evidente los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres”, apostilló, para insistir en que, “obviamente, ha habido debates” en torno al texto final y “cuestiones que se han quedado fuera de la ley, como pasa en todas las negociaciones".

“Llevamos desde enero negociando Sanidad e Igualdad esta ley, que demuestra lo que es este gobierno de coalición, un gobierno para que el Estado esté cerca de las familias y particularmente cerca de las mujeres y para que todas las familias sepan que las mujeres vamos a tener más derechos y que nuestras hijas van a crecer con más derechos”.

RECURSO DEL TC

Con respecto al futuro posicionamiento del Tribunal Constitucional ante el recurso del PP contra la actual ley del aborto, Montero se mostró “segura” de que la ley de 2010 “es una ley constitucional”. “Si, como otras veces ha hecho nuestro sistema judicial, el Constitucional se opone a los avances feministas, que sepan todas las mujeres en nuestro país que van a tener un gobierno de coalición que se sitúa de su lado y que blinda y garantiza derechos”, señaló, para recordar que el movimiento feminista “fue capaz de tumbar a un ministro y la reforma regresiva para los derechos de las mujeres y un retroceso como el que planteó el PP y el ministro Gallardón de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

“Por tanto, sería una muy mala noticia que el Tribunal Constitucional hiciese un pronunciamiento que implicase un retroceso de derechos”, insistió, para señalar que la ley que hoy aprueba el Consejo de Ministros pretende, por el contrario, “avanzar, ampliar derechos, responder a las demandas del movimiento feminista y garantizar que, cuando hay gobierno y cuando hay coalición, somos capaces de sacar adelante leyes que blindan los derechos de las mujeres y hacen más fácil su vida en el presente”.

Respecto al aborto de las menores de edad, explicó que, con esta reforma el Estado “lo que hace es respetar las decisiones de las mujeres y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo” eliminando la obligatoriedad del consentimiento paterno así como "garantizar que son ellas las que deciden sobre su propio cuerpo". "Pero, obviamente, la mayoría de estas mujeres contarán con sus seres más queridos para afrontar una decisión que normalmente no es una decisión fácil”, aseveró.

Finalmente, respecto a la gestación por sustitución, que se considerará una violencia contra las mujeres, Montero afirmó que, con ello, se reconoce la “explotación reproductiva como una forma de violencia contra las mujeres” y, en consecuencia, se “reforzará” la prohibición de las campañas de publicidad de esas empresas de intermediación que, dijo, “en realidad están intermediando para una actividad que ya no es legal en España” y las campañas de concienciación para que la sociedad “tenga muy presente de lo que estamos hablando cuando hablamos de la explotación reproductiva, que es violencia contra esas mujeres que viven en unas condiciones de extrema precariedad”.