Así lo prevé el borrador de anteproyecto que este martes sacó a consulta pública el Ministerio de Industria y Turismo, en un proceso que estará abierto a las aportaciones de los distintos sectores hasta el 11 de julio.

La previsión es que el Gobierno apruebe en septiembre el proyecto de ley en Consejo de Ministros y que su tramitación parlamentaria se desarrolle en el segundo semestre, para ser aprobada la ley antes de fin de año, según informaron este martes fuentes ministeriales.

Según la norma, los proyectos que sean declarados estratégicos porque tengan un volumen relevante de inversión y creación de empleo contarán con tramitación de urgencia en los procedimientos administrativos y podrán beneficiarse de la concesión de ayudas públicas sin concurrencia competitiva.

La norma, que sustituirá a la vigente Ley de Industria de 1992 y cuya aprobación quedó aparcada la pasada legislatura por la disolución de las Cortes, prevé en el nuevo redactado que ha confeccionado el equipo del ministro, Jordi Hereu, que la empresa que tenga previsto el cierre o reducción de la actividad en uno o más centros de trabajo, deberá comunicarlo a la Secretaría de Estado de Industria "al menos nueve meses antes de materializarlo".

En caso de planes de reindustrialización, se considerará que existe una pérdida significativa de capacidad industrial cuando se produzca una reducción de más de un 65% de la capacidad de producción en un mismo centro de trabajo y/o de 500 personas o más de la plantilla o una reducción de 750 personas o más en el caso de un conjunto de empresas.

Otra de las principales novedades de la ley ya anunciadas es la creación de la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi). Fuentes del Ministerio de Industria explicaron este martes que el objetivo de esta reserva es “tener bien radiografiadas las necesidades de bienes de primera necesidad para casos de crisis” como fue la pandemia, en alianza con empresas que tendrán una “certificación para la autonomía estratégica” y que podrían beneficiarse de incentivos fiscales o líneas de acceso preferente a ayudas.

Se constituirá el Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica (Cecopie), órgano colegiado bajo la dependencia funcional del Consejo de Seguridad Nacional e integrado orgánicamente en el Ministerio de Industria y Turismo, que será el órgano encargado de la gestión ordinaria de la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial.

PERTES ESTRUCTURALES

La ley dará carácter estructural a los Pertes (Proyectos Estratégicos) puestos en marcha con la pandemia, y su ámbito se irá decidiendo en función de los temas económicos de actualidad en cada momento.

El redactado del borrador señala que "podrán reconocerse nuevos Perte más allá de la de la vigencia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, con el fin de promover la ejecución de proyectos tractores basados en la colaboración público-privada que contribuyan claramente al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad de la economía española".

Los proyectos considerados como Perte "tendrán que estar enmarcados en al menos un ecosistema industrial identificado como estratégico en la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica vigente", indica el texto.

El anteproyecto incluye la puesta en marcha de una ‘Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica’, que se revisará cada seis años (la primera se extenderá hasta 2030). Esa estrategia se plasmará en planes estatales de industria de duración trienal.

La ley también creará el Consejo Estatal de Política Industrial para reforzar la coordinación entre industria y otros ministerios como Energía.

Fuentes de Industria aseguraron este martes que aún no han empezado a hablar con los grupos parlamentarios sobre la norma, pero esperan que el texto salga adelante con un gran respaldo político, porque ya quedó muy avanzado su debate en la anterior legislatura y porque “estamos hablando de un tema país, en el que se respetará las competencias autonómicas, y en el impulso a la industrialización del país y del refuerzo de la autonomía estratégica estamos todos de acuerdo”.

El ministro Jordi Hereu presentará la ley mañana miércoles a los líderes de CCOO y UGT y en fechas próximas emitirán dictámenes sobre el borrador la la CNMC, el Consejo de Estado y la Agencia de Protección de Datos.