Esta convocatoria, dotada con un presupuesto de 19,5 millones de euros para financiar proyectos promovidos por entidades locales, busca impulsar iniciativas de dinamización socioeconómica y reactivación territorial, a través de la financiación de acciones que combinan las dimensiones económica, social y medioambiental, con especial atención a la perspectiva de género y a colectivos como las personas mayores o los jóvenes, destinadas a municipios con menos de 5.000 habitantes. En las dos últimas convocatorias, de 2022 y 2023, se han financiado 452 proyectos por un importe de 40,2 millones.

También, podrán ser adjudicatarios de esta convocatoria de subvenciones, proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación presentados por entidades públicas, entre los que se incluyen diputaciones provinciales y forales, cabildos, consejos insulares, consejos comarcales, mancomunidades o ayuntamientos, que se desplieguen en municipios o núcleos poblacionales con una población inferior a 5.000 habitantes.

La orden establece las características generales de los proyectos subvencionables que, en el ejercicio de sus atribuciones, promuevan las entidades locales, responsables de la prestación de servicios públicos orientados a garantizar y mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes de estas zonas, en términos de equidad y justicia.

Serán financiables las actuaciones que se inicien después de la publicación de la convocatoria y finalicen antes del 31 de diciembre de 2026, así como aquellas que se hayan iniciado después del 1 de enero de 2024, si aún continúan en ejecución.

Para cada proyecto seleccionado, las ayudas concedidas no podrán superar el 90% del total del gasto subvencionable, y se ajustarán a los siguientes importes máximos según la tipología de los beneficiarios. Para diputaciones provinciales y forales, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales, 500.000 euros; para consejos comarcales y entidades locales que agrupen a varios municipios, 300.000 euros y para ayuntamientos y sus organismos autónomos, 200.000 euros.