Esta medida, consesuada por todos los grupos políticos de la Cámara Baja, podría entrar en vigor, como el resto de la ley, a principios de 1999, según informaron fuentes parlamentarias.

La ley establece que, con carácter general, podrán efectuarse reformas en los inmuebles con el respaldo del 60 por cinto de los propietarios, que se rebajara al 50 por cien en el caso de las obras necesarias para facilitar la vida de los minusválidos físicos.

Hasta ahora, era necesario, en todos los casos, la aprobación de la totalidad de los asistentes a una asamblea de vecinos para emprender obras de reforma de los inmuebles.