El pasado 30 de abril finalizó el último plazo de la directiva sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC) para que las instalaciones industriales obtuvieran la autorización ambiental integrada (AAI), un permiso imprescindible para poder operar en la Unión Europea.

No obstante, la organización ecologista advierte de que "muchos de estos permisos todavía están en trámite" y que "numerosas autorizaciones se han concedido sin el más mínimo rigor".

Según los ecologistas, el objetivo de la directiva europea era procurar una mejora sustancial del comportamiento ambiental de la industria europea, previniendo la contaminación en origen a través de las mejores técnicas disponibles y los valores límites de emisión.

Sin embargo, Ecologistas en Accción sostiene que a pesar de los doce años transcurridos desde que se promulgara la IPPC, un número importante de las empresas españolas sometidas a esta legislación no han obtenido aún el permiso y a partir del 1 de mayo deberían haber cesado completamente su actividad.

"En contraste", agrega, "los Estados de la Unión Europea tienen la práctica totalidad de sus empresas autorizadas. España ha desaprovechado la oportunidad de modernizar su industria y de reducir su impacto sobre la salud humana y el medio ambiente".