La moción pide al Ejecutivo la mejora de los incentivos que se dedican actualmente a las empresas por la contratación de discapacitados, así como la puesta en marcha de medidas fiscales para promover la creación de centros especiales de empleo.

Según el texto aprobado, el Gobierno también deberá estudiar el aumento progresivo de las pensiones no contributivas, con el ojetivo de aproximarlas al nivel del salario mínimo interprofesional.

La moción también aboga por que el Gobierno estudie la viabilidad de establecer un complemento económico a favor de aquellos jubilados que sufran ciertas discapacidades, con objeto de que éstos puedan hacer frente a los gastos extraordinarios generados por su minusvalía.

LABOR DE LA ONCE

En el capítulo educativo, la moción aboga por el establecimiento de mecanismos que favorezcan la formación profesional específica para alumno minusválidos. Además, postula la aprobación de pruebas diferentes de acceso a la Universidad para este colectivo.

Otro punto de la iniciativa de CiU defiende que se elabore un estudio sobre las dificultades de acceso todavía existentes en los medios de transporte colectivo.

En defensa de la moción, el senador Joaquim Vidal manifestó que es necesario tomar este paquete de medidas porque España está en este terreno todavía bastante lejos de los países más desarrollados de Europa. Recordó que el ínice de desempleo en el colectivo de minusválidos españoles supera el 65 por ciento.

Micaela Navarro, del Grupo Socialista, dijo que el PSOE apoya la moción de CiU porque supone "una prolongación de la LISMI y de las mejoras de las pensiones no contributivas que se hicieron durante la etapa socialista".

Por el Partido Popular, el senador Samuel Rodríguez Fontecha consideró muy oportuna la aprobación de esta moción, que atribuyó en gran medida a la importante labor que, a su juicio, están haciendo n España organizaciones de discapacitados como la ONCE.