Según un comuncado que la CAMF difundió hoy, la decisión gubernamental desfavorece gravemente la situación de empleo y de desempleo de los discapcitados al dejarles sin medidas especiales que motive a los empresarios a efectuar sus contrataciones.

"El 'decretazo'", señala el comunicado, "deja un vacio legal para la contratación de personas con minusvalías al fomentar los contratos indefinidos solamente a colectivos jóvenes menores de 25 años, mayores de 45 y mujeres en sectores subrepresentandos, segun su artículo egundo".

Asimismo, añade la nota de la CAMF "la Administración pública ha revelado en reiteradas ocasiones que no llega al 13 por ciento la tasade empleo dentro del colectivo de minusválidos, ya que llega a 20.000 el número de disminuídos contratados al amparo de los decretos de fomento de empleo previstos en la Ley de Integración del Minusválido (LISMI), lo que demuestra el poco interés de la patronal de facilitar el acceso laboral a estas personas".

Según la CAMF, el Ministerio de Trabajo y Segridad Social ha recogido en numerosos informes que la legislación específica para la contratación de minusválidos no ha redundado suficiente entre los empresarios, demostrando que la modalidad contractual que mayoritariamente se ha desarrollado ha sido la temporal, por lo que se hace urgente resolver esa situación.

La Ley de Reforma del Seguro de Desempleo, según los minusvalidos andaluces, perjudica especialmente a los discapcitado desempleados, ya que como consecuencia de los cortos períodos de cotiación de este colectivo que tienen especialies dificultades para acceder a puestos de trabajo estables.

"De igual modo", denuncia la CAMF, "los minusválidos tendrán una doble discriminación en la modalidad de pago único de los trabajadores desempleados que pretenden convertirse en autónomos".

"Otro aspecto desfavorecedor para los discapacitados", señala la CAMF, "es la eliminación de becas y ayudas, por la que se beneficiarán solamente los alumnos de Escuelas Taller y Casas de Oficios, de esta foma la mayoría de los ingresos económicos de estas personas quedaría restringida a las mínimas ayudas administrativas como salario social o pensiones contributivas".

Todos esos motivos han llevado a la Confederación Andaluza de Minusválidos Fisicos a solicitar al Parlamento y al PSOE que intervengan en la modificación de este decreto-ley que podría dañar irreversiblemente a más de dos millones de minusválidos españoles.