Martínez Noval hizo estas declaraciones en Sevilla, durante su intervención en el seminario "Los retos del 93", organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

A su juicio, "la nueva normativa europea debería reconocer el derecho a la negocición colectiva comunitaria, definir su naturaleza y eficacia jurídica y establecer las relaciones entre las distintas fuentes reguladoras de la CE".

Para ello, el ministro considera que lo ideal sería promocionar acuerdos-marco suscritos entre sujetos que tuviesen la legitimación suficiente para alcanzar convenios conforme a la legislación de cada país.

Para Martínez Noval, estas nuevas fórmulas de negociación no deberían interferir ni oponerse a los procedimientos de regulación normativa de los rganos comunitarios, de manera que la negociación de un acuerdo colectivo europeo no pueda ser un pretexto para obstaculizar la adopción de directivas.

El responsable de Trabajo se refirió al dilema intervención estatal-negociación colectiva y advirtió que "si la ampliación de las competencias en materia social constituye una cesión de soberanía de los estados en favor de las instituciones comunitarias, tal cesión no podrá ir más alla de las facultades de regulación que en materia laboral ejercita habtualmente el Estado".

Según el ministro, estas materias de competencia estatal que deberían ser objeto de tratamiento comunitario son la fijación de las condiciones de acceso al empleo y de la colocación, las modalidades de contratación, los derechos y deberes derivados de la relación laboral y las condiciones materiales de la prestación del trabajo en materia de salud y seguridad.

También son competencia estatal susceptible de regulación común, añadió Martínez Noval, la formación profesional, laigualdad de oportunidades y trato, la integración de las personas excluidas del mercado de trabajo, las causas y procedimientos para la transformación y extinción de contratos, los derechos de asociación sindical y de negociación colectiva y los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores en la empresa.

PROTECCION SOCIAL

Sin embargo, a juicio de Martínez Noval, la Seguridad Social o la protección social pública es una materia donde una regulación comunitaria uniforme podríarepercutir negativamente en las economías de los estados más pobres.

Para el ministro, la intervención vinculante de la CE en cuestiones sociales que afecten a la asignación de recursos nacionales debería reservarse a aquellas materias en las que la Comunidad Europea dispusiera de los recursos económicos necesarios para asistir a los estados con desequilibrios financieros.

Aseguró que un mercado interior que obligue a determinados estados a realizar esfuerzos presupuestarios que desborden sus posbilidades "supondrá a la postre el futuro de los más fuertes sobre los más débiles".

Concluyó su intervención afirmando que, "desde una opción de progreso, el mercado único europeo es la vía para alcanzar la comunidad más justa, consolidar el Estado europeo de bienestar y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos".