De la Quadra, que hizo estas declaraciones durante la presentación del prototipo de cárcel española para el año 2000, afirmó que el Ejecutivo quiere hacer una poltica de consenso para el establecimiento de la localización de las penitenciarías.

No obstante, añadió que si eso no es posible, "el Gobierno tiene también, de acuerdo con la legislación vigente y por razones de interés nacional, la posibilidad de imponer una localización, pero eso debe ser la última razón, cuando no es posible por otros medios".

Finalmente, el titular de Justicia mostró su convencimiento de que se podrá encontrar una solución de consenso para que el nuevo centro penitenciario deSoto del Real, que sustituirá al de Carabanchel, pueda entrar en funcionamiento en el año 1993, tal como está previsto.

El proyecto inicial de construcción de una prisión en Soto del Real estaba concebido para albergar a 350 reclusas. Sin embargo, posteriormente, el ministerio lo modificó, proyectando en su lugar una macrocárcel que acogerá a 2.000 reclusos, lo que levantó las protestas de los ayuntamientos de la zona y el rechazo del parlamento regional y varios colectivos ecologistas y vecinales.

Estas entidades consideran que el nuevo penal, que estará situado a dos kilómetros del núcleo urbano de Soto del Real, perjudicará al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, espacio protegido del que estará separado por una carretera.

Asimismo, los municipios afectados, que recogieron firmas en contra del proyecto, aseguran que la construcción de la cárcel afectará negativamente al desarrollo económico y social de toda la comarca serrana.