Así lo indicó en el Congreso de los Diputados, donde acudió a comparecer en la en la comisión del ramo para dar cuenta del “error técnico” advertido en la Ley de Paridad -que desprotege a trabajadores que se acojan al nuevo permiso de cinco días por cuidado de un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización o a una adaptación de jornada- y proponer una propuesta para enmendarlo.

En concreto, el error elimina del Estatuto de los Trabajadores la reducción o adaptación de jornada por conciliación como motivo de nulidad de un despido.

La norma entró en vigor hace dos semanas e Igualdad se comprometió a corregirla en la primera oportunidad que tuviera en nuevo curso parlamentario.

"Es un tema que nos afecta a todos y a todas", dijo a los periodistas a la puertas de la comisión, donde rehusó a pronunciarse sobre los cambios en el Gobierno porque, en su opinión, la implementación de la Ley de paridad y la Ley trans "tienen suficiente entidad para que no distorsionemos con otros temas".

La propia Ana Redondo ha reconocido en los últimos días como “un error indeseable” lo sucedido. “No se va a producir ninguna indefensión a los trabajadores”, comentó, porque además de la nueva norma, hay recursos como el Estatuto de los Trabajadores, el “principio de indemnidad” y “jurisprudencia muy garantista” a la que se pueden acoger los trabajadores.

LEY TRANS

Redondo también comparece este jueves a petición propia y a instancias del PP, sobre la aplicación de la ‘Ley trans’ después de que hayan trascendido casos de maltratadores que se acogen a esta norma para reducir condenas por violencia de género.

Sobre este particular, la ministra recordó recientemente que “quien lo haga se enfrenta a un doble problema”, puesto que “además de una condena por violencia de género puede ser condenado por fraude de ley”.

Según Redondo, la ‘Ley trans’, en su artículo 41.3, establece que “el ordenamiento aplicable es el de la ley de violencia de género” y ha explicado que “hay una instrucción" que fija que el responsable del registro para el cambio de sexo “tiene que garantizar que no se produce fraude” y que se cuenta con “la actuación de la Fiscalía en investigar estos casos”.

Según la ministra el número de maltratadores que han llevado a cabo esta práctica es “un porcentaje muy pequeño”, como lo demuestra que de los casi 6.000 cambios de sexo que se han impulsado este año, sólo el 0,001% fueron por “abusos” y “extralimitaciones” en la ley.