Esta niciativa pretende cumplir la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados, tras el Debate sobre el Estado de la Nación, que instaba al Gobierno a establecer mayores garantías que hagan posible la utilización efectiva en las diligencias judiciales de la lengua que elijan las diversas partes personadas en las mismas.

Estos cursos, de participación voluntaria, se enmarcarán en los planes de formación de fiscales, secretarios judiciales, médicos forenses y funcionarios de la Administración de Jusicia y permitirán a éstos adquirir conocimiento de las lenguas oficiales propias de las autonomías, con independencia de cual sea el lugar de su primer destino.