Ésta será la decimosegunda vez que se reúne la mesa de negociación desde el inicio del paro, después del fracaso de la reunión celebrada el pasado viernes, en la que sindicatos y Ministerio no consiguieron avanzar en la búsqueda de soluciones.

El departamento de Mariano Fernández Bermejo sostiene que el fracaso de la reunión del viernes, que duró cerca de 13 horas, se debió a la falta de nuevas propuestas por parte de los sindicatos, que, según el Ministerio, no presentaron ninguna oferta económica diferente a los 200 euros de incremento mensual que reclaman desde el comienzo del conflicto.

Por su parte, los sindicatos acusan al Ministerio de "falta de buena fe en la negociación" y aseguran que los representantes de la Administración no realizaron ninguna nueva oferta económica que se acerque a sus reclamaciones.

La última propuesta del Ministerio de Justicia contemplaba una subida salarial de 110 euros al mes y 70 euros adicionales, que comenzarían a percibir los funcionarios en abril de 2009. Los funcionarios quieren un aumento de 200 euros y que éste se cobre en las nóminas de este año.

Pero tanto representantes ministeriales como sindicatos coincidieron en destacar que uno de los principales escollos para solucionar el conflicto laboral, tal y como quedó patente en la reunión del viernes, son los planes de recuperación del trabajo atrasado que se tendrán que poner en marcha al finalizar la huelga.

Los sindicatos quieren que el trabajo que deberán realizar los funcionarios para absorber el retraso acumulado en los juzgados se realice dentro del horario de la jornada laboral y se cobre como horas extras, algo que el Ministerio no está dispuesto a aceptar.

Dentro del cruce de acusaciones que ha tenido lugar desde el inicio de la huelga, el Ministerio ha tachado de "inflexibles" a los sindicatos por no haber variado su reclamación inicial, mientras que los representantes de los trabajadores aseguran que el departamento de Bermejo ha llevado a cabo prácticas antisindicales.

Los funcionarios judiciales -agentes, oficiales y auxiliares- dependientes de la Administración central decidieron iniciar una huelga indefinida que dura ya casi dos meses para reclamar un aumento salarial que les equipare retributivamente a sus compañeros de los órganos judiciales de las comunidades autónomas que tienen transferida la administración de Justicia.

La huelga afecta a siete comunidades autónomas, a Ceuta y Melilla, así como a los órganos judiciales de ámbito nacional, como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.