La decisión del Ministerio, acordada mediante una resolución hecha pública por la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia, tiene como objetivo que el paro conlleve "el mínimo perjuicio a los ciudadanos", según señala el departamento de Mariano Fernández Bermejo en un comunicado.

Con esta medida, se establecen una serie de medidas que permitarán "armonizar el ejercicio del derecho de huelga" de los secretarios judiciales "con el aseguramiento de unos servicios indispensables".

Se trata de garantizar "la actividad ininterrumpida de la Administración de Justicia en aquellos aspectos cuya paralización pueda suponer perjuicio no reparable para los derechos e intereses de los ciudadanos".

El Ministerio considera que no pueden paralizarse "en modo alguno por una situación de huelga" las actuaciones sometidas a plazo, las del Registro Civil, las medidas cautelares o provisionales, las causas con preso y de violencia sobre la mujer, la tramitación de las ordenes de busca y captura y las vistas que afecten a las salvaguarda de los derechos de menores e incapaces.