Pérez hizo estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada junto al presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, después de mantener una reunión con cerca de 30 decanos de los colegios de abogados de las Comunidades Autónomas afectadas por la huelga.

Los funcionarios judiciales -agentes, oficiales y auxiliares- dependientes del Ministerio de Justicia decidieron iniciar una huelga indefinida el pasado 4 de febrero para denunciar que cobran hasta 240 euros menos al mes que los funcionarios de los órganos autonómicos, lo que en su opinión supone una clara discriminación salarial.

El secretario de Estado de Justicia señaló que todavía se está a la espera de que los sindicatos den una respuesta a la última propuesta del Ministerio, que contemplaba una subida de 110 euros al mes, más 70 euros adicionales a cobrar a partir de abril de 2009.

En este sentido, Pérez denunció la "inflexibilidad" que, a su entender, han demostrado los sindicatos desde el inicio de la huelga, ya que "no se han movido" de sus exigencias iniciales, después de mantener diez reuniones formales con los representantes del Ministerio.

Además de las revindicaciones salariales, el secretario de Estado de Justicia subrayó que existen "otras dificultades" para cerrar un acuerdo, puesto que el Ministerio quiere que los aumentos retributivos vayan acompañados de "una mejora del servicio que se da a los ciudadanos".

En este sentido, el Departamento de Mariano Fernández Bermejo quiere que los funcionarios se comprometan a mejorar sus habilidades informáticas y a eliminar en la medida de lo posible el absentismo la laboral y la falta de puntualidad en el trabajo.

RECUPERAR NORMALIDAD

Pero Pérez indicó que existe un "gran escollo" para encontrar una solución negociada a la huelga, dado que los sindicatos se oponen de plano a que se descuente del salario de los funcionarios los días que han estado en huelga.

El secretario de Estado de Justicia explicó que el Ministerio va a intentar descontar los días de huelga del sueldo de los funcionarios "de la forma más fraccionada posible", pero aseguró que, por ley, no pueden eludir esta consecuencia.

"Lo dice la ley, en una empresa privada se podría eludir el descuento, pero con el dinero de los contribuyentes no se puede", advirtió Pérez.

Por otro lado, indicó que el Ministerio, no sólo está trabajando para acabar "lo antes posible" con la huelga, sino que, además, se están proyectando los planes necesarios para que el retraso provocado por casi mes y medio de inactividad se subsane rápidamente y se pueda volver al funcionamiento normal de los juzgados en el menor tiempo posible.

En este sentido, Pérez dijo que los planes para la recuperación de la normalidad en los juzgados "costarán millones de euros", pero señaló que el Ministerio "tiene dinero, voluntad y experiencia para hacerlo".

Asimismo, el secretario de Estado de Justicia denunció que en muchos lugares de España "no se están cumpliendo los servicios mínimos" pactados con los sindicatos y advirtió de que el Ministerio "no va a mantener una actitud pasiva ante este incumplimiento".

"Tenemos la esperanza de que la huelga termine pronto y termine bien", apuntó por último Pérez.

DISPOSICIÓN MEDIADORA

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, mostró la disposición de los letrados a actuar como mediadores entre Ministerio y sindicatos y poder encontrar una solución rápida al conflicto laboral.

Carnicer, si bien puntualizó que ninguna de las partes implicadas ha demandado hasta ahora que el CGAE medie en la huelga, explicó que "sería extraño que los profesionales que median en los conflictos laborales" no pudieran hacerlo en esta ocasión y "no fuesen capaces de aproximar posturas".

Por otro lado, Carnicer aseguró que "los abogados están sufriendo mucho la huelga" y añadió que la inactividad está repercutiendo en el servicio que los letrados ofrecen a sus clientes, los cuales pueden ver vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva.

Por último, Carnicer anunció que la próxima semana, después del parón de Semana Santa, el CGAE mantendrá una reunión con los sindicatos representantes de los funcionarios judiciales para trasladarles su preocupación por la huelga y para conocer su postura.