Su objetivo es la financiación de iniciativas para “proteger” a la infancia y adolescencia en riesgo o desamparo, “priorizando” aquellas que “garanticen” el derecho de estos niños y adolescentes a “vivir en entornos familiares seguros” a través, entre otras, de “medidas preventivas centradas en el apoyo a familias frágiles”.

Así lo anunció este miércoles el gabinete de Pablo Bustinduy en un comunicado en el que explicó que la convocatoria, publicada en el BOE e impulsada por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, busca financiar “soluciones innovadoras a problemas sociales complejos” y que el fin es que, “una vez testeadas, sean transferidas a mejores políticas públicas para todo el Estado”, según la secretaria de Estado del ramo, Rosa Martínez.

Dicha convocatoria está abierta tanto a entes locales como a entidades sociales y de la economía social y las iniciativas financiadas deberán contribuir en la implementación de la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, impulsada recientemente por el Ministerio de Derechos Sociales, para “avanzar” en un sistema de protección a la infancia “en el que ningún niño, niña o adolescente viva en una institución”.

El ministerio calculó que, actualmente, unas 17.000 personas menores de edad tuteladas por las administraciones públicas viven en recursos residenciales de las comunidades autónomas y Bustinduy recordó que esta estrategia tendrá una dotación económica inicial que supera los 1.300 millones de euros (1.323.471.810 euros) y que estará financiada por recursos provenientes de los Fondos Estructurales de la Unión Europea, en particular el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), habiendo programado para ello operaciones vinculadas a procesos de desinstitucionalización, de modernización de los servicios sociales y de desarrollo de una nueva economía de los cuidados hasta el 2027, tanto a nivel estatal como autonómico.

"Se trata de una inversión sin precedentes para una estrategia que, además, será pionera en Europa", enfatizó el ministro, sobre todo en lo relativo a cómo cambiará el modelo de cuidados.

NIÑOS Y ADOLESCENTES

Por lo que se refiere a niños y adolescentes en situación de desprotección, en 2022 se registraron 29.770 notificaciones de maltrato infantil, destacando entre los diferentes tipos la negligencia y el maltrato emocional, ambos en el ámbito familiar, según destacó Bustinduy citando datos del Observatorio de la Infancia.

En paralelo, subrayó también que la inversión de España para infancia y familias está un punto del PIB por debajo de la media de la Unión Europea y, en este contexto, reiteró que resulta “inaceptable que una democracia avanzada y la cuarta economía de la zona euro, como lo es España, exhiba unos niveles de desigualad y de precariedad tan graves”, al tiempo que hizo un llamamiento a revertir esta situación "con una mayor inversión y con políticas públicas más eficaces".

Entre esas políticas, Pablo Bustinduy defendió que apostar por que todos los niños y adolescentes puedan desarrollar sus vidas en entornos familiares seguros es “crucial para el país”.

En este sentido, invertir en las familias con medidas como la prestación universal por crianza o en la modernización de los sistemas de protección a la infancia y adolescencia a través del reciente reparto de 200 millones para las comunidades autónomas o los 65,5 millones de la convocatoria que se abre este miércoles es “crucial y prioritario” para el Ministerio de Derechos Sociales.

PRIMERA CONVOCATORIA

La Secretaría de Estado de Derechos Sociales abre esta convocatoria en su rol de Organismo Intermedio para la selección de operaciones del FSE+ y el ministerio puntualizó que, como tal, tiene la potestad de diseñar y seleccionar intervenciones y proyectos por un total de 233 millones de euros.

Esta convocatoria es la primera de otras que irán dirigidas o a "reforzar" el sistema de protección de la infancia, como en este caso, o a "acompañar y reforzar" la atención temprana que se presta a niños de entre 0 y 6 años con discapacidad o problemas de desarrollo.