Así lo acordaron este martes el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, Javier Hurtado, en el marco de un encuentro que ha tenido como objetivo “reforzar” una “coordinación conjunta” en defensa de los derechos de las personas consumidoras, según precisó el gabinete de Bustinduy en un comunicado emitido al término de la reunión.

En dicha reunión, Javier Hurtado avanzó que el Gobierno vasco “colaborará” con las iniciativas puestas en marcha por el departamento que dirige Pablo Bustinduy en temáticas de consumo, como la investigación que está llevando a cabo la Dirección General de Consumo para “perseguir” los anuncios de las viviendas turísticas que operan sin licencia.

Según recordó el ministro, este tipo de publicidad supondría una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y se consideraría una práctica comercial desleal que podría ser objeto de sanción por parte del ministerio que dirige.

“Si una vivienda opera como alojamiento turístico sin disponer de licencia estamos ante una ilegalidad y, por tanto, su publicidad también es ilegal”, reiteró Bustinduy, al tiempo que hizo hincapié en la importancia de poner fin a estos anuncios ya que, a su juicio, “son los que permiten a estas viviendas conseguir clientes y mantener un negocio que está causando un impacto muy negativo en las grandes ciudades”.

VIVIENDA DIGNA

A este respecto, Pablo Bustinduy quiso denunciar que la proliferación de pisos turísticos ilegales está provocando que “muchos vecinos tengan que abandonar sus barrios y que otras muchas personas, especialmente las jóvenes, no puedan acceder a una vivienda digna”, convencido también de que “estos pisos ilegales están acabando con el tejido social de muchos barrios y el cierre de algunos negocios”.

Por último, Pablo Bustinduy quiso agradecer a Javier Hurtado la labor realizada por el gobierno vasco en torno a las viviendas turísticas y recordó que la investigación del Ministerio de Consumo sobre la publicidad de pisos ilegales es un procedimiento que hizo “extensible” a ciudades de todas España por medio de una carta remitida a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la que instó a los ayuntamientos a colaborar con este procedimiento que tiene como fin identificar los alojamientos turísticos que operan sin licencia.

“En ciudades como Madrid, el Ayuntamiento calculó que el 90% de la vivienda turística no dispondría de licencia. Esto es algo inasumible”, sentenció.

Por su parte, Javier Hurtado comprometió la colaboración del Gobierno vasco en propuestas que sirvan para defender los derechos de las personas en materia de consumo. “Las instituciones debemos trabajar de forma coordinada en las materias que son de nuestra competencia y que puedan afectar directamente al bienestar de la ciudadanía”, abundó.

En paralelo, Hurtado reivindicó que el gobierno vasco aprobó en 2018 un decreto de viviendas turísticas y puso en marcha un buzón contra el fraude, reforzando para ello el equipo inspector, al tiempo que aportó datos de la campaña que el ejecutivo vasco puso en marcha en 2023, con 1.117 inspecciones y 376 expedientes sancionadores abiertos en este ámbito.

“Desde Euskadi hemos trabajado proactivamente en el Reglamento Europeo de alquileres de corta duración que va a obligar a que las plataformas intercambien información con nosotros para controlar las viviendas clandestinas de una forma más ágil y eficaz”, concluyó el consejero vasco.