Desde que el Ministerio comenzase la ronda de Conferencias Sectoriales para detallar el desarrollo de la ayuda, la Comunidad de Madrid ha sido la región más reacia a las mismas, al considerar, entre otras razones, que invade competencias y que tiene tintes electorales.

Tanto es así que ningún representante del Ejecutivo regional asistió a la última convocatoria de la ministra Carme Chacón, el pasado 22 de octubre, cuando se terminó de perfilar el real decreto que regula la ayuda.

Desde la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid señalaron a Servimedia que son "optimistas" sobre la reunión, y esperan que "se solucione todo como queremos".

En este sentido, desde el Departamento que dirige Ana Isabel Mariño confían en que el Ministerio dote a la comunidad de "los instrumentos que exigimos para poner en marcha la tramitación de la ayuda".

Por el momento, ya han suscrito el convenio de colaboración para la gestión de la Renta de Emancipación los gobiernos de Andalucía, Extremadura, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria, Valencia, Canarias, Baleares y Ceuta y Melilla.

AYUDAS DESDE EL 1 DE ENERO

El objetivo del Ministerio es que antes de finalizar el año se hayan firmado los correspondientes acuerdos de colaboración con el resto de las comunidades, para que todos los jóvenes puedan acceder a las ayudas a partir del 1 de enero, con independencia de la comunidad en la que residan.

En estos convenios de colaboración se establece que será la comunidad autónoma la que tramite las solicitudes y reconozca el derecho a recibir la prestación. El Ministerio, por su parte, será quien abone directamente las ayudas a los beneficiarios.

Sin embargo, las comunidades autónomas donde gobierna el PP no están de acuerdo con este punto, y por ello en las próximas semanas tienen previsto presentar un requerimiento de incompetencia ante el Ministerio de la Presidencia.

En él pedirán, entre otras cosas, que el Gobierno central traspase a las comunidades el dinero de la ayuda para pagarlas directamente ellas, ya que se han encargado de tramitarlas, en lugar de que el pago lo haga efectivo el Ministerio.

En todo caso, el proceso de resolución de este requerimiento, que de ser rechazado por Presidencia irá al Tribunal Constitucional, no interferirá en la puesta en marcha, tramitación y cobro de las ayudas, que se podrán solicitar a partir del 1 de enero.