Según informó Vivienda, esta semana se han celebrado las primeras reuniones para la elaboración de los dos trabajos que al Ministerio solicitó la FEMP: un estudio en el que se recogerá la demanda social real de vivienda protegida y otro con la disponibilidad de suelo público de titularidad municipal de carácter residencial.

De esas reuniones ha salido ya una metodología de trabajo y un primer acuerdo para que el Ministerio de Vivienda y la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, colaboren con la FEMP.

El primer paso será la identificación de las bolsas de demanda de vivienda pública insatisfecha en las ciudades y pueblos del país, explicaron desde Vivienda.

Sobre esa base, la Dirección General del Catastro, en colaboración con la FEMP, suministrará la información catastral necesaria sobre los terrenos de titularidad municipal que tienen los distintos ayuntamientos.

Una vez recopilada esa documentación, se cruzará con los datos de planeamiento urbanístico de los que dispone el Ministerio de Vivienda.

Así, se podrán localizar los suelos de titularidad municipal para los que la calificación de planeamiento prevea uso residencial y en los que se podría edificar vivienda protegida.

La próxima reunión se celebrará en la segunda quincena de mayo con la presencia de representantes del Catastro.

De esta forma, se avanza en el itinerario establecido para cumplir una de las prioridades que se ha marcado la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor: facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda de protección con la construcción de 150.000 al año dando preferencia a las zonas en las que se detecten más necesidades.