Solbes defendió en el Congreso la convalidación parlamentaria del decreto de medidas urgentes contra la sequía, que fue aprobado con 181 votos a favor, del Grupo Socialista, CDS, Minoría Catalana, Unión Valenciana y PNV.

Se abstuvieron el Partido Popular e Izquierda Unida, que coincidieron en calificar el decreto de "insuficiente y cicatero" y pidieron su tramitaión como proyecto de ley, para poder introducir enmiendas. La solicitud fue rechazada por la mayoría de la Cámara.

El coste total de las medidas previstas en el decreto ascenderá a 100.000 millones de pesetas, según el Grupo Socialista, para quien las medidas previstas en esta norma permitirán "paliar" daños.

Los créditos serán a un plazo de tres años y uno de carencia. A los cinco puntos de interés subvencionados por la Administración se unirán los que aporten las comunidades autónomas, a lo queya se han comprometido Andalucía, Extremadura y Castilla y León.

Solbes dijo asimismo que las obras hidráulicas previstas en el decreto para mejorar los regadíos e impedir que próximas sequías tengan un efecto tan grave como la actual exigirán una inversión de 300.000 millones de pesetas.

También aseguró que el conjunto de las exenciones y moratorias que se aplicarán en 1992 tendrán un coste adicional de 8.000 millones de pesetas, que dejarán de pagar los afectados y que contribuirá a sacar adelate sus explotaciones.

El Partido Popular afirmó que la única ayuda a fondo pérdido prevista en el decreto son 1.500 millones de pesetas que se pagarán a quienes hayan sufrido graves pérdidas en la cosecha y no cuenten con seguro, de lo que se beneficiará sobre todo las zonas cerealísticas de Castilla y León.

El PP destacó el contraste entre esa ayuda y los 300.000 millones de pesetas en que estiman las organizaciones agrarias las pérdidas de la sequía, además de recordar que supone la mitad de lo 3.000 millones prestados por el Banco de España a Ibercorp.

Izquierda Unida pidió que las moratorias de pagos en el Impuesto de Bienes Inmuebles y las cuotas de la Seguridad Social agraria se conviertan en condonaciones, so pena de agravar el endeudamiento de las explotaciones agrarias, aplazándolo hasta 1994.

DINERO CONTANTE Y SONANTE

En dinero contante y sonante, el decreto hoy convalidado incluye un crédito extraordinario de 1.500 millones de pesetas para el pago de seguros y un ampliación rediticia de 3.045 millones para proyectos de regadío.

El crédito extraordinario de 1.500 millones se destinará a la Empresa Nacional de Seguros Agrarios, para que subvencione a las explotaciones de cereal afectadas por la sequía que se han quedado sin la cobertura del seguro al no haber llegado a nacer el cultvio, por la falta de agua.

El importe máximo de la subvención, será equivalente al 80 por ciento de la diferencia entre la indemnización que les hubiera correspondido por el seguro integraly lo que realmente perciban (que en muchos casos será prácticamente nada).

No tendrán derecho a la subvención las explotaciones que hayan sustituido el cultivo tradicional por otro, expediente al que han recurrido numerosos agricultores, plantando girasol, que es muy resistente a la sequía.

El resto del aumento presupuestario, 3.045 millones, será el que se destine a iniciar las obras de regadío que, según Solbes, requerirán una inversión total de 300.000 millones de pesetas.

MEDIDAS FISCALES En el capítulo fiscal, destaca la condonación del apgo del IBI y de las cuotas del régimen agrario de la Seguridad Social en las explotaciones de regadío que hayan visto reducido el suministro de agua en más de un 70 por ciento.

El mismo beneficio será aplicable a las explotaciones de cereales con unas pérdidas de más del 90 por ciento de la producción normal y a al ganadería extensiva de bovino, ovino y caprino, cuando los daños afecten a más del 90 por cien de los pastos.

No habrá condonació, pero sí moratoria de un año en el pago, en los casos en que el suministro de agua de los regadíos haya sido inferior al 50 por cien, la cosecha de cereales sea inferior a la mitad o las explotacines ganaderas tengan menos de la mitad del pasto disponible habitualmente.

En la tarifa de utilización del agua, se concede una moratoria cuando el suministro resulte inferior a la mitad del normal. El pago se fraccionará entre 1992 y 1993. Si la reducción del suministro supera el 70 por cien, el fraccionaminto del apgo se hará entre 1993 y 1994.